Tras el dictamen de la jueza Mercedes Alaya, la situación del Real Betis ha cambiado y el club merece una nueva estructura de poder
URGE LA CONVOCATORIA DE UNA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA RENOVAR
A UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN OBSOLETO
QUE ESTUVO SIEMPRE ABONADO AL “SÍ BWANA”
Por ello extraña que, en vez de facilitar al 48’5 % de accionistas que tienen en su poder elegir a los dirigentes del club, deleguen en un señor que no tiene ni una sola acción
Petición del beticismo: ¡JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, SÍ! ¡MANDATARIOS SIN ACCIONES, NO!
Manuel Carmona
La situación en el Betis no acaba de aclararse y uno no entiende lo que ocurre en estos momentos. Especialmente, tras la publicación de las medidas cautelares dictadas por la jueza, Mercede Alaya, entre las que figuraba la nulidad de la venta de las acciones de Farusa (una sociedad de Manuel Ruiz de Lopera) a Bitton Sport. Pues bien, después que dicha disposición judicial se hiciera pública, el mando volvió al último consejo de administración, las acciones de Farusa, hasta ahora empresa mayoritaria del club, quedaron en suspenso por lo que la mayoría reside en el aproximado 48’5 % del accionariado que debe ser quien elija un nuevo consejo de administración para que rija Al club, mientras que la situación permanezca como en estos momentos.
Sin embargo, los actuales consejeros, a los que por su oprobioso silencio corresponde un alto grado de responsabilidad en la fracasada gestión de las cinco últimas temporadas que Lopera ha mandado en el club, son los que, según ha declarado Luis Oliver, les han otorgado su confianza para que continúe llevando a cabo la dirección deportiva del club. Como se ve, el Real Betis Balompié no logra quitarse de encima el mal fario que le persigue a lo largo de su historia de estar una vez ante Herodes y sin pausa delante de Pilatos. En un principio, llegamos a pensar que al ser recurrible el auto de la jueza, la situación de poder establecida en el club debería mantenerse hasta que la Audiencia Provincial adoptase una solución sobre las medidas cautelares decididas por la magistrada Mercedes Alaya.
Luis Oliver: el hombre que manda en el Betis
sin una sola
acción (Foto: M. García Reyes)
Sin embargo, en una información publicada por el diario “ABC” se reproduce el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas, que explica la forma de proceder en un caso como el presente. El referido artículo dice como sigue: “El sistema de cooptación consiste en que, en caso de vacantes en el consejo de administración, el consejo podrá designar entre los accionistas las personas que ocupen dichas vacantes hasta que se reúna la siguiente junta general”. Y que se sepa, en estos momentos, Luis Oliver no es accionista bético. En consecuencia, y según la situación actual, lo procedente sería convocar una Junta General extraordinaria para que el 48’5 % de accionistas cuyos títulos están libres de ninguna medida cautelar, se encargaran de elegir el nuevo consejo de administración que debiera regir al club mientras que la actual situación se mantiene.
Más aún, cuando el actual consejo lo único que sabe hacer es callar y obedecer. Son tantos años haciéndolo que no extraña en absoluto que sea difícil adoptar de la noche a la mañana una actitud diferente. Antes, su modo de proceder, tenía un motivo que si no justificaba ese comportamiento obligaba a sus componentes, si querían seguir ocupando sus cargos, a callar o marcharse. La existencia de un máximo accionista que dictaba las reglas que se habían de cumplir y los manejaba con mano de hierro, les obligaba a elegir una de ambas opciones. Y, como en su totalidad siempre elegían la primera, pues continuaban realizando el papel de consejeros ciegos, sordos y mudos, adictos al “sí bwana”. O sea, la misma situación que tan gráficamente describió en su momento el socialista, Alfonso Guerra, con la frase de “quien se mueva no sale en la foto”.
LA ÚLTIMA PROMESA INCUMPLIDA
El siguiente ejemplo nos basta para comprobar la realidad de lo hasta aquí expuesto. Tras el último partido de Liga celebrado en nuestro estadio contra el Levante, de forma sorprendente, apareció ante los periodistas el portavoz del consejo, José María Blanco Chía, y les prometió que el órgano que representaba ofrecería en los próximos días una rueda de prensa en la que serían contestadas todas las preguntas que se le formularan. Se ignora de quién partió la idea de dicha iniciativa, pero lo cierto es que, aparte del ridículo numerito protagonizado por el señor Blanco Chía, como tantísimas veces ha ocurrido en el club, las palabras se las llevó el viento y lo de la rueda de prensa pasó al olvido y consistió en una nueva mentira. Eso ocurrió el sábado, 18 de junio, y hasta diecinueve días después, el 7 de julio, en que se completó la venta de las acciones de Farusa a Bitton Sport, se incumplió la promesa formal de un portavoz que ya se ve lo que pintaba en el club.
En la citada fecha, Lopera desapareció como máximo accionista del club y fue sustituido por el empresario navarro Luis Oliver, en representación de Bitton Sport empresa que adquirió el paquete accionarial de Farusa. El nuevo mandatario inició una febril actividad y comenzó a adoptar todas las decisiones que se conocen hasta ahora. Cierto es que la oposición siguió en sus trece y rehusó prestarle la colaboración pedida por considerar que era cómplice “de una nueva pantomima de venta montada por Lopera”. Sin embargo, como las medidas adoptadas por el nuevo hombre fuerte del Betis eran coherentes y algunas bastante convincentes; por ejemplo, las destituciones de los directores de comunicación y de la parcela deportiva (Iván Larriba y Manuel Momparlet) que no se habrían producido (al menos la del primero) si Lopera continuara teniendo las riendas del club, pareció normal a muchos béticos que al nuevo mandatario se le concedieran los cien días de gracia que se otorgan a todo dirigente que accede al principal cargo de una entidad.
José María Blanco Chía, portavoz del
consejo de
administración, el autor de la
última
promesa incumplida (Foto N. S.)
Esa idea se fue consolidando al par que transcurrían los acontecimientos y las medidas anunciadas fueron saliendo a la luz (entre ellas la del 25 % de descuento en los abonos del club) que fueron recibidas muy favorablemente. Por consiguiente, pese a la poca claridad existente sobre la ocultación de los accionistas de Bitton Sport, el espacio del beticismo que no creía en los postulados de la oposición antiloperista, accedió a concederle ese margen de confianza. Pero, hete aquí, que tras la declaración de Lopera ante la jueza Mercedes Alaya, la magistrada dictó un auto de medidas cautelares en el que dejó sin efecto la venta y suspendió los derechos de las acciones de Farusa. De ese modo, Luis Oliver perdió su calidad de accionista con lo que lo normal hubiera sido que el consejo de administración decidiera no mantenerle en su puesto, ya que dicha situación no está contemplada en la Ley de las Sociedades Anónimas. Sin embargo, nada ha cambiado en la práctica y ahí sigue el recién llegado de Oliver, hecho un brazo de mar, adoptando decisiones que competen al consejo de administración.
Eso quiere decir que no se han respetado las disposiciones vigentes y no se ha sometido el cambio de poder en el club al voto de los propietarios del 48’5 % de acciones que reúnen todos sus derechos legales para decidir las personas que han de regir al club. A nadie se le pasa por alto lo anómalo que resulta que la persona que adopta las decisiones que serían competencias del consejo de administración, sea alguien que no posee ni una sola acción. La situación podría ser calificada cuando menos de sorprendente si el consejo actual no estuviese compuesto por unos señores que el único papel que han representado desde que pertenecen al mimo, es el de hacer bulto. Y no añadimos lo de sospechoso por no caer en el tópico.
¡JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, SÍ! ¡MANDATARIOS SIN ACCIONES, NO!
Esta situación ha conducido a los béticos a la siguiente reflexión: aunque la suspensión cautelar de las acciones de Farusa es recurrible y así procederá la defensa de Lopera, en la actualidad la situación es otra y es obligado cambiarla. No es lógico qué todas las gestiones y decisiones importantes que se adopten en la actual tesitura las decida un señor que no tiene ni una sola acción del Real Betis Balompié SAD, y el 48’5 restante de accionistas continúen tan sólo mirando lo que ocurre, cuando ahora sí tienen poder de decisión. La situación, además, es sumamente grave porque un hecho de semejante naturaleza supone arrebatar el poder que en las actuales circunstancias corresponde por pleno derecho a tales accionistas cuyos títulos están libres de cualquier disposición judicial.
En consecuencia, sólo cabe una forma de proceder: la celebración de una Junta General extraordinaria de accionistas para que el poder efectivo recaiga sobre quiénes corresponde y que sean ellos los que elijan a las personas que deben de dirigir el club. Urge, por tanto, que se inste al actual consejo de administración a la convocatoria de esa Junta General extraordinaria de accionistas y se normalice la situación que prevalece en estos momentos en el Real Betis Balompié.
Al respecto, también existe un aspecto muy claro como es el de la unidad que tan insistentemente pide Luis Oliver. Unidad sí, toda la que se quiera y más, pero lo que está obviando el consejo de administración desde que las medidas cautelares que adoptó la jueza Alaya entraron en vigor, es el de restablecer el orden jerárquico de la Sociedad tras el cambio de situación operado en la misma. Y esto es así porque lo que está ocurriendo en el Real Betis no tiene explicación de ninguna clase, ya que el representante de una sociedad que no dispone de ni una sola acción es quien hace y deshace a su gusto, mientras que los béticos que en estos momentos son dueños de la totalidad del resto de las acciones se tienen que conformar con contemplar como Luis Oliver actúa igual que si continuara respaldado por el paquete accionarial de Farusa.
Ahora más que nunca hay que exigir la celebración de una Junta General extraordinaria de accionistas para que, por primera vez desde que el club ha estado regido por la nauseabunda ley de las SAD, puedan decidir los pequeños y medianos accionistas en el Betis. Hasta la invalidación de la venta de las acciones de Farusa, carecían de ningún poder de decisión por la existencia de una empresa mayoritaria. Pero, ahora, la situación ha cambiado por lo que mientras subsista la actual circunstancia nada puede ser lo mismo. Farusa, de momento, ha quedado fuera de juego; su anterior propietario no puede disponer de las acciones intervenidas; los que las compraron tienen las manos vacías y los que pueden decidir son los restantes accionistas que hasta ahora han estado amordazados a causa de lo que dispone la putrefacta ley de las SAD. Por eso, existiendo la posibilidad de que los referidos accionistas puedan tener poder de decisión en el club, se hace necesaria la convocatoria de la Junta General extraordinaria que ponga fin al actual estado de cosas.
Si en estos momentos el beticismo en general no mantiene enhiesta esa bandera, es cuando otro movimiento debiera nacer y encargarse de pedir lo que en justicia le corresponde. Son muchos los accionistas minoritarios béticos (algunos tienen sindicadas sus acciones con PNB) que exigen el derecho que les corresponde para nombrar el consejo de administración que les parezca adecuado y que los que sean elegidos por ellos gestionen el club. Una cosa distinta es que sigan mandando en el Betis quienes se han conformado con ser nada más que ceros a la izquierda y que, sin embargo, ahora pueden delegar para que decida lo que hay que hacer en el Betis una persona que no posee ni una sola acción en perjuicio de los que deben regir al club. Sería muy interesante conocer de quién recibe instrucciones el consejo de administración para mantener a Luis Oliver en su puesto pese a que las medidas cautelares adoptadas por la jueza Mercedes Alaya, han intervenido las acciones que Bitton Sport adquirió a Farusa.
En consecuencia: ¡Junta General extraordinaria, sí! ¡Mandatarios sin acciones, no! Es llegada la hora de que los pequeños y medianos accionistas pidan lo que en estos momentos legalmente les corresponde.
