EL "CASO HÉRCULES" SIGUE EN EL CANDELERO
VIERNES, 13-08-2010
FIN DEL CULEBRÓN DEL VERANO
EL COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE FÚTBOL ACUERDA NO ABRIR EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO POR LA DENUNCIA DEL CÁDIZ CF
Manuel Carmona
Como estaba cantado de antemano, y en ese sentido titulamos la noticia publicada líneas más abajo sobre el caso, la negativa de los jueces de que fueran entregadas las grabaciones de las presuntas compras de partidos por el máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz, han cerrado el caso. Al efecto, la Federación Española ha dado carpetazo al asunto, según ha informado por medio de un comunicado colgado en su página web. De ahí que paso lo que adelantamos y, una vez más, en esta oportunidad de forma rocambolesca pues existían pruebas de la grave infracción cometida, los "gansters" futbolísticos se quedan sin recibir en el fútbol español el castigo más que merecido que debería de habérseles aplicado. El comunicado dado a la luz por la RFEF, dice como sigue:
RFEF - 20-08-2010
En su sesión extraordinaria del día de hoy, 20 de agosto de 2010, el Comité de Competición de la RFEF acordó, por unanimidad de sus miembros, no abrir expediente disciplinario tras la denuncia presentada el pasado 5 de agosto por el Cádiz CF SAD relativa a "una presunta infracción prevista en el artículo 75 del Código Disciplinario de la RFEF, consistente en la predeterminación de resultados", así como la presentada igualmente por el Real Betis Balompié SAD.
El órgano disciplinario federativo sostiene que del Auto núm. 522/10 de la Audiencia Provincial de Alicante (sección Primera, rollo de apelación 379/2010, proveniente de las Diligencias Previas 3122/2010 del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Alicante) debe resaltarse especialmente el penúltimo párrafo del fundamento jurídico tercero que dice:
“La incorporación de estas conversaciones a las diligencias penales es artificiosa, pues ninguna consecuencia puede derivarse de ellas, ni en procedimiento penal en que se descubrieron y, menos aún, como medio de incoación de un procedimiento administrativo en el que se trate de perseguir las aparente conductas infractoras en el ámbito administrativo. Sin que esta decisión suponga ausencia de colaboración con las restantes Administraciones Públicas, porque la remisión de esas conversaciones supondría la vulneración del deber de garantizar el derecho fundamental a la intimidad de las personas por parte del mismo órgano jurisdiccional encargado de ampararlo”.
En consecuencia, el Auto de la Audiencia Provincial, contra el que no cabe recurso alguno, cierra la posibilidad a que las conversaciones – que son el núcleo básico sobre el que se articula la denuncia- puedan ser utilizadas en el procedimiento penal abierto por el Juzgado de Instrucción de Alicante, pero también que puedan ser base de incoación de un procedimiento administrativo para dilucidar las hipotéticas responsabilidades en este orden, y ello en garantía del derecho fundamental a la intimidad de la personas tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia constitucional. No pudiendo, por tanto, incorporarse al procedimiento administrativo, y no aportándose, por el momento, ningún otro indicio mínimamente solvente, más allá de simples conjeturas o sospechas, no cabe a este Comité, que dispone de unos limitadísimos medios para llevar a cabo una actuación investigadora que ha sido constitucionalmente reservadas a los Jueces y Tribunales y al Ministerio Fiscal, iniciar el procedimiento disciplinario, repetimos con los restringidos medios a su disposición, y ello, por supuesto, sin perjuicio de que el Ministerio Público pueda continuar con su actuación en defensa de la legalidad y del interés público tutelado por la Ley, de conformidad con el art. 124 de la Constitución y el Estatuto regulador del Ministerio Fiscal.
En su resolución el Comité entiende que “La doctrina penalista más acreditada se ha pronunciado en el mismo sentido en un artículo recién publicado, sobre la utilización de las pruebas obtenidas en el marco de un procedimiento penal, con afección a los derechos fundamentales de las personas, dentro de procedimientos sancionadores administrativos". Tras la cita de abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye que “la invasión de la intimidad de los terceros” debe quedar “siempre bajo el ámbito exclusivo de la autoridad judicial”.
En consecuencia no resulta posible que un órgano administrativo pueda abrir una investigación prospectiva o general –además de estar prohibidas también en el ámbito penal- por cuanto tanto la potestad sancionadora penal como la potestad sancionadora administrativa son manifestaciones del mismo ius puniendi estatal, aunque difieran en su intensidad. Confirma, pues, la mejor doctrina, que no cabe la entrega del material probatorio obtenido en el procedimiento penal mediante el recurso a medidas excepcionales de investigación previstas exclusivamente para la investigación fundada de delitos graves y con ponderación de los principios de proporcionalidad y necesidad, a órganos deportivos para el ejercicio por éstos de la potestad disciplinaria que les atribuye la legislación vigente”.
Para finalizar, se puntualiza que, “el mismo día 6 de agosto el Cádiz CF SAD, remite denuncia, que denomina disciplinaria, con documentación anexa, al Sr. Presidente del Consejo Superior de Deportes, de contenido prácticamente idéntico a la remitida a esta RFEF, si bien en el suplico se interesa por el Club demandante, como petición principal, que por el Sr. Presidente del CSD “se ordene al Comité Español de Disciplina Deportiva la incoación del oportuno procedimiento disciplinario contra el Hércules CF SAD, el Córdoba CF SAD y las personas físicas implicadas en los hechos expuestos con anterioridad” y ello en virtud de l artículo 84.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en relación con el artículo 76 del mismo texto legal.
En definitiva por el club denunciante se interesaba la apertura de un expediente disciplinario a requerimiento directo del CSD, por el Comité Español de Disciplina Deportiva por tratarse de una infracción presuntamente muy grave.
El CSD remitió a esta RFEF el día 9 de agosto, con entrada el 10, copia de la denuncia recibida por el citado órgano “al ser ese Comité (el del Competición de la RFEF) el competente en virtud del artículo 16.1 del Anexo I a los Estatutos de la RFEF y la claúsula, quinta, apartado cuarto, del Título segundo del Convenio RFEF-LFP de 26 de enero de 2010”.
En definitiva, aún cuando, no se afirme expresamente, el CSD renuncia al ejercicio de la competencia que le atribuye la Ley del Deporte de instar de oficio la apertura de expediente disciplinario al CEDD, y se limita a dar traslado a este Comité de la denuncia que ya obraba en su poder con la misma fecha”.
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VIERNES, 13-08-2010
FIN DEL CULEBRÓN DEL VERANO
LA DESESTIMACIÓN DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE
ALICANTE DE QUE SE ENTREGUEN LA CINTAS DEL “CASO
HÉRCULES” A LA AUTORIDADES DEPORTIVAS SALVA AL
HÉRCULES DEL DESCENSO Y A LOS QUE INTERVINIERON
DE UNA GRAVE SANCIÓN Y DEL DEBIDO DESCRÉDITO
Da grima que puedan pasar cosas como éstas, pero por muy legal que puedan ser el ciudadano ni las entiende ni las comparte
Manuel Carmona
Bueno, definitivamente cayó el telón sobre el “caso Hércules”, una vez que los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Alicante resolvieron desestimar el recurso de la Fiscalía sobre la entrega de las cintas en la que se recogían las conversaciones de las presuntas compras y amaño de partidos por parte del máximo accionista del Hércules, Enrique Martín, al CSD y a la Federación Española de Fútbol. De esa forma, la Federación no podrá disponer de las pruebas recogidas en las referidas grabaciones, pues se queda sin argumentos para llevar a buen puerto el expediente reservado abierto a instancias del Cádiz. El juez, Luis de la Fuente, se emperró en que las cintas no les fueran entregadas a las autoridades deportivas y, pese al recurso elevado por el fiscal de la provincia y la intervención de la Abogacía del Estado, el magistrado reiteró su negativa.
A continuación, los tres magistrados de la “sala de verano”, esos de los que se dice que no son aficionados al fútbol sino a los belenes, han dado portazo al asunto y con ello se acaba el caso, pues, sin cintas, la Federación Española de Fútbol nada puede hacer sin las pruebas que podían esclarecer el caso. Que le den gracias a esa intervención los Enrique Martín, Toto, Abraham Paz y Salinas que si se van a librar de la quema es por esos vericuetos que tiene la Justicia que permiten que queden impunes actuaciones de dicha naturaleza. De eso se pueden sentir satisfechos, pero de lo escuchado en las grabaciones no porque en ellas se puede oír conversaciones que harían sonrojarse a cualquiera. La noticia de la denegación del recurso del fiscal Provincial dice como sigue:
LA NOTICIA AL COMPLETO
La sección primera de la Audiencia de Alicante ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía en el que solicitaba la remisión a las autoridades deportivas de las grabaciones sobre una supuesta compra de partidos por parte del Hércules, con el fin de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pudieran investigar supuestas infracciones ya que el tribunal consideraba que supondría "la vulneración del deber de garantizar el derecho fundamental a la intimidad de las personas".
En un auto con fecha de este jueves, la Audiencia no ve procedente remitir a las autoridades deportivas el testimonio de las conversaciones o el soporte técnico que las contiene, --que fueron obtenidas en el transcurso de parte de la nvestigación judicial iniciada en la provincia a raíz del 'caso Brugal'-- y destaca la "posibilidad investigadora" de las administraciones deportivas, puesto que "cuentan con sus medios propios de averiguación de infracciones graves".
Las conversaciones fueron interceptadas al máximo accionista del Hércules C.F., Enrique Ortiz, y al capitán herculano, Tote, en el marco de las diligencias previas practicadas por el juzgado que inició la investigación del caso. Ortiz está imputado por supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico en el marco de la causa.
De esta forma, la sala confirma la decisión del juzgado de instrucción nº 7 de Alicante, que denegó el traslado de toda esta documentación. El fiscal presentó recurso ante el propio órgano, y subsidiario de apelación a la Audiencia, para solicitar su puesta en conocimiento de las autoridades deportivas ya que alegaba que este traslado "no afectaría a ningún derecho fundamental".
En ambas ocasiones se ha rechazado, en el caso de la Audiencia porque sostiene que al dar traslado de estas conversaciones se "quebrantaría" la privacidad de las personas.
"Si la finalidad de la interceptación de las comunicaciones es la investigación de delitos graves, debe quedar excluida de la cobertura de la restricción de ese derecho fundamental cualquier actuación tendente al descubrimiento de hechos que no ostentan esa condición, como es cualquier infracción administrativa", se explica en el auto.
Asimismo, se añade que "por grave que sea y trascendencia social" que pueda tener la infracción administrativa "quebrantaría la función garantista de la autorización judicial" de los derechos fundamentales de las personas.
La sala puntualiza que "esas conversaciones ni siquiera debieron acceder al sumario en que se descubrieron", ya que "al no guardar relación" con la investigación y "carecer de trascendencia penal, debieron ser rechazadas por el propio juez instructor" del caso, en lugar de "servir de apertura para una línea de investigación policial".
En este sentido, en el auto se detalla que "todas las conversaciones deberán ser íntegramente grabadas sin perjuicio de que, al hacer la primera transcripción de su contenido, se pueda delegar en la policía judicial para que se seleccione aquellos pasajes de mayor interés para la investigación y que prescinda de transcribir aspectos o conversaciones de índole estrictamente privados o íntimos".
Así, ha considerado "conveniente deslindar" a las partes del contenido de las conversaciones intervenidas y que esas partes queden así "amparadas" en su derecho a la intimidad, garantizado por la Constitución española.
Por ello, en el auto se reitera que "todo descubrimiento" que se obtenga durante el curso de una intervención telefónica autorizada de forma judicial que "no presente caracteres de delito, debe relegarse a la esfera de intimidad", a pesar de la trascendencia gubernativa, social o la repercusión pública que pueda tener su difusión, ya que los derechos fundamentales "no pueden depender de las consecuencias sociales que tendría su difusión pública", salvo que constituyesen un delito.
La sala reprocha al juez San Martín que incluyera conversaciones privadas en el sumario del 'caso Brugal' y veta el uso de las escuchas como prueba para bajar al equipo alicantino
La investigación sobre la presunta compra de partidos no debería siquiera haberse iniciado, según el tribunal.
El Comité de Competición podrá seguir adelante con su investigación, pero no podrá utilizar las escuchas
El Hércules respira desde ayer más tranquilo. La Audiencia de Alicante le insufló oxígeno con un auto
que cierra definitivamente un debate jurídico de altos vuelos. Si la Federación y el Consejo Superior de Deportes necesitaban poseer sí o sí las escuchas telefónicas del 'caso Brugal' para sustentar un proceso sancionador contra el club alicantino, sus gerifaltes pueden esperar sentados en sus confortables despachos de Madrid.
Sólo 48 horas después de que el juez José Luis de la Fuente volviera a denegar a las autoridades deportivas la remisión de las conversaciones grabadas a Enrique Ortiz, tres magistrados de una instancia superior han avalado su tesis y rechazado la de la Fiscalía: no se puede restringir el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones para descubrir una infracción administrativa «por grave que sea y más trascendencia social que pueda tener».
El auto, hecho público ayer y que no es recurrible, es tajante. Las autoridades deportivas no podrán utilizar esta prueba para castigar al conjunto blanquiazul.
Para la 'sala de vacaciones' de la Audiencia, «las conversaciones detectadas (en las que el máximo accionista del club hablaba con un familiar de un presunto soborno al portero del Córdoba) no están amparadas por la autorización judicial que permitió las escuchas en que se grabaron». Es más, según se establece en el auto hecho público ayer, «en puridad, esas conversaciones ni siquiera debieron acceder al sumario en que se descubrieron».
Dicho de otro modo, la investigación judicial sobre supuesta compra de partidos de fútbol no tendría ni que haberse iniciado. Básicamente porque esos hechos no son delito actualmente -sí a partir del próximo 22 de diciembre-, y no guardan relación alguna con la presunta trama de corrupción político-empresarial que rodea al negocio de las basuras en la provincia que perseguía la Policía.
Tirón de orejas
Los magistrados Antonio Gil, José Antonio Durá y Faustino de Urquía le dan incluso un 'tirón de orejas' a su compañero Carlos San Martín, instructor del 'caso Brugal' en Orihuela: «Esas conversaciones debieron ser rechazadas por el propio juez, en lugar de servir de apertura para una línea de investigación policial ajena al procedimiento en que se produjeron y carente de soporte jurisdiccional habilitador». Y califican incluso de «artificiosa» su incorporación a las diligencias penales. «Ninguna consecuencia puede derivarse de ellas -abundan- ni en el procedimiento penal y menos aún como medio de incoación de un procedimiento administrativo».
El tribunal cita varias sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para fundamentar su fallo. En una de ellas se establece que los propios policías que realizan los 'pinchazos' pueden «seleccionar aquellos pasajes de las conversaciones de mayor interés por la investigación y prescindir de transcribir aspectos o conversaciones de índole estrictamente privados o íntimos».
La sala no se pronuncia sobre la validez de una conversación clave, la que gira en torno al portero del Córdoba Raúl Navas y al presunto intento de compra del Salamanca, una charla en persona entre Ortiz y su pariente que fue escuchada por los agentes, según ellos mismos, porque el empresario se había dejado el teléfono descolgado. «Todo descubrimiento que se obtenga en el curso de una intervención telefónica autorizada judicialmente que no presente caracteres de delito debe relegarse a la esfera de intimidad o privacidad», razonan los magistrados.
Independientemente de la «trascendencia gubernativa, social o la repercusión pública que pudiera tener su difusión». La garantía y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos están por encima de todo eso.
Para la Audiencia, denegar las grabaciones a la RFEF y al CSD no supone en modo alguno violación del deber de los jueces de colaborar con las Administraciones Públicas, como advertía el fiscal jefe, Juan Carlos López Coig, en su recurso de apelación. La principal obligación de un magistrado es garantizar la protección de los derechos fundamentales, «entre los que se encuentran la intimidad y el secreto de las comunicaciones», una misión que la judicatura ha de cumplir «con el máximo rigor, con la especial sensibilidad que la materia requiere».
Buscar nuevas pruebas
Como ya recordaba De la Fuente, en favor de quien se inhibió de esta parte del 'caso Brugal' el juez San Martín, la sala no ve impedimento alguno para que las autoridades deportivas abran su propia investigación sin el contenido de las escuchas, una posibilidad que al parecer de la Abogacía del Estado dejaba «huérfano» a éste en su derecho a sancionar. Los magistrados Durá, Gil y De Urquía creen que esas administraciones «cuentan con sus medios propios de averiguación de infracciones graves», y pueden incluso incoar el expediente a partir de las numerosas informaciones periodísticas que han acompañado este 'culebrón' estival.
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JUEVES, 12-08-2010
Aunque según fuentes jurídicas existen muchas posibilidades de que nos prospere
LOS TRES JUECES DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
DE ALICANTE DECIDIRÁN ANTES DE UNA SEMANA
SOBRE EL RECURSO DEL FISCAL POR LA NO ENTREGA
DE LAS CINTAS REFERENTES AL “CASO HÉRCULES”
Manuel Carmona
Tras la negativa del juez Luis de la Fuente, titular del Juzgado número 7 de Alicante, de entregar las cintas del caso Brugal que contienen grabaciones sobre las presuntas compras y amaños de partidos por el máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz, el fiscal jefe de la provincia de Alicante, Juan Carlos López Coig, ha procedido a presentar un recurso en la Audiencia provincial contra dicha resolución. Según las noticias que se han difundido sobre el particular, los tres jueces que integran la llamada “Sala de vacaciones”, que atienden asuntos de la máxima urgencia o a casos relativos a temas penitenciarios, han decidido que, por la difusión mediática que ha experimentado el caso y la alarma social que pudiera originarse si no se le da la celeridad necesaria, dar prioridad al asunto con el fin de que, en caso de que la resolución dé la razón a las tesis del fiscal, las cintas puedan ser entregadas a los estamentos futbolísticos encargados sancionar la gravísima falta que se pudiera haber cometido.
De esta guisa se espera que la resolución de la Audiencia esté lista antes de una semana, con lo que se intentaría que el material sonoro que forma parte de la investigación judicial del caso Brugal estuviese lo más rápidamente a disposición de la Justicia deportiva en caso de que prosperase el recurso del fiscal provincial. Los tres jueces que deberán resolver dicho recurso son Antonio Gil y José Antonio Durá, de la Sección Primera de la Audiencia, y Faustino de Urquía, de la Sección Segunda. Según se ha podido saber, ninguno de los tres magistrados es socio ni aficionados declarados del equipo alicantino y sus aficiones son muy distintas a las futbolísticas. Con ello se entiende que su resolución estaría a salvo de recelos sobre una supuesta parcialidad en el asunto. Los tres jueces son conscientes de la enorme repercusión que tendrá su decisión, por lo que analizarán a fondo un caso en el que recaen todas las miradas del fútbol español tanto por la enorme difusión mediática que ha tenido, como por ser la primera vez que el órgano sancionado de la Federación Española de Fútbol dispondría de pruebas para sancionar una presunta compra o amaño de partidos. De hecho, todas las denuncias de esa clase cayeron hasta ahora en saco roto sin que por ello exista ningún precedente sancionador a lo largo de la historia del fútbol nacional.
Como se sabe, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol “ha abierto una información reservada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 1591/1992, en relación con la denuncia presentada por el Cádiz CF, SAD relativa a "una presunta infracción prevista en el artículo 75 del Código Disciplinario de la RFEF, consistente en la predeterminación de resultados". De ahí que esté a la espera de las grabaciones del caso Brugal relacionadas con este asunto deportivo para dictaminar si debe descender de categoría al club alicantino o, como ha sucedido hasta ahora, dar carpetazo al asunto. Lo que ocurre es que nunca como en la presente oportunidad, los jueces futbolísticos se habían encontrado con la posibilidad de tener a su disposición para tomar una decisión tan trascendental unas pruebas de origen judicial sobre el caso a dictaminar.
Como se puede imaginar el lector, a los directivos y aficionados del Hércules no les llega la camisa al cuerpo y andan en plena zozobra a lo que puedan resolver los tres jueces de la “sala de vacaciones”, ya que si su resolución da la razón a la Fiscalía, las cintas llegarán al Consejo Superior de Deportes y a la Federación Española de Fútbol y, desde ese momento, se estará colocando una hipotética soga del ahorcado en el cuelo del Hércules FC SAD. De la misma forma, la ansiedad ha prendido en otras aficiones como las del Real Betis y Cádiz CF que, en caso que el club alicantino fuese sancionado con la pérdida de categoría, el primero jugaría en la cercana temporada en Primera División y el Cádiz recuperaría ipso facto el lugar que la pasada campaña perdió en la Liga Adelante. No obstante, según fuentes jurídicas, lo más normal es que los tres magistrados de la Audiencia se inclinen en favor de la opinión del juez Luis de la Fuente que no ha accedido a entregar las cintas al CSD ni incluso tras la intervención de la Abogacía del Estado.
Para presionar y exigir los derechos que cada cual cree que le corresponde, tanto los aficionados béticos como los alicantinos han convocado sendas manifestaciones, estando invitados a la de los verdiblancos los aficionados cadistas que quieran unirse a la misma. Así están las cosas a raíz de la decisión de los tres magistrados de la Audiencia Provincial de darle prioridad a la resolución del recurso Y como de ello depende que las cintas solicitadas por el CSD lleguen a su destino, en caso de que su resolución fuese la de autorizar la entrega de las grabaciones estaría muy próximo a juzgarse deportivamente.
En Alicante, el tema incluso se ha politizado por parte de la alcaldesa Sonia Castedo que considera que detrás de toda la trama está la promoción del secretario de Estado para el Deporte, el socialista Jaime Lissavetzky, como candidato a la alcaldía de Madrid. A tales acusaciones respondió el número dos del PSOE en el ayuntamiento de la ciudad con el argumento, claro y sencillo de que es más importante que la Justicia quede en el lugar que le corresponde que el Hércules CF sufra las consecuencias de la misma en el caso de que así suceda realmente.
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MIÉRCOLES, 11-08-2010
EL COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA RFEF
ABRE UNA INFORMACIÓN RESERVADA POR
UNA PRESUNTA INFRACCIÓN
DEL ARTÍCULO
75 DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO FEDERATIVO
RFEF - 11-08-2010
La Federación Española de Fútbol ha colgado en su página web la siguiente noticia, referente al “caso Hércules” que tanta expectación ha despertado después que se conociera el contenido de parte de las cintas del “caso Brugal”.
El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha abierto una información reservada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 1591/1992, en relación con la denuncia presentada por el Cádiz CF, SAD relativa a "una presunta infracción prevista en el artículo 75 del Código Disciplinario de la RFEF, consistente en la predeterminación de resultados"
En su resolución del día de hoy, el Comité ha acordado remitir copia de la denuncia referenciada a todos los clubes de la Liga Adelante (Segunda División) en la temporada 2009/2010, al objeto de que puedan presentar las alegaciones que estimen convenientes.
Así mismo, y dado el estado actual de las actuaciones judiciales que se están desarrollando ante el Juzgado de Instrucción nº. 7 de Alicante, el Comité de Competición ha acordado igualmente solicitar la remisión de las grabaciones obrantes en los Autos en lo que afecten a las responsabilidades disciplinarias deportivas, sin perjuicio de no continuar con nuevas actuaciones disciplinarias en tanto en cuanto no se resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el Auto denegatorio de las grabaciones que se ha presentado ante la Audiencia Provincial de Alicante por el Fiscal Jefe Juan Carlos López Coig y que, a día de la fecha, se encuentra pendiente de fallo.
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MARTES, 10-08-2010
La Audiencia Provincial de Alicante, en agosto inactiva, tiene la palabra
EL JUEZ LUIS DE LA FUENTE SIGUE EN SUS TRECE
Y NO ACCEDE A LA PETICIÓN DE LA
FISCALÍA DE QUE ENTREGUE LAS CINTAS AL CSD
Redacción
El juez Luis de la Fuente, magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, no ha accedido a la petición de la Abogacía del Estado y se ha ratificado en su decisión de no entregar las cintas del caso Brugal, en las que se recogen las grabaciones de las presuntas compras y amaños de partidos realizadas por el máximo accionista del Hércules CF. Por tanto, será la Audiencia Provincial de Alicante la que habrá de intervenir en el caso, lo que no podrá hacerse hasta que termine el mes de agosto que es inhábil para asuntos judiciales.
El juez se resiste a investigar los presuntos amaños
El Juzgado número 7 desestima el recurso y seguirá sin facilitar al CSD las escuchas telefónicas del 'caso Brugal'
EFE El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Alicante ha desestimado el recurso que presentó el fiscal contra la decisión del magistrado de no trasladar a organismos deportivos las escuchas telefónicas del caso´Brugal´, en las que figurarían conversaciones relacionadas con la presunta compra de partidos. Fuentes judiciales informaron a EFE que el juez reitera su postura de no remitir las citadas escuchas y subraya que, de hacerlo, podrían vulnerarse «derechos fundamentales» de privacidad personal.
No obstante, el magistrado remite el recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Alicante para que ésta se pronuncie. El fiscal-jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, presentó el pasado 6 de agosto el citado recurso, después de conocer la decisión del titular del Juzgado de archivar el caso y rechazar la petición tanto de la Abogacía del Estado como de la Fiscalía para dar traslado del mismo al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
De la misma manera, la Abogacía del Estado, en representación del CSD, interpuso ese mismo día un recurso similar ante el mismo juzgado alicantino. La presunta compra de partidos por parte del Hércules aparece en el sumario del ´caso Brugal´, que investiga una presunta trama corrupta vinculada al negocio de la basura en Alicante y en el que figuran conversaciones telefónicas entre el máximo accionista del club, Enrique Ortiz, y los capitanes del equipo.
En el caso del Hércules, ha dicho que «si se puede probar, la administración, tanto el Consejo Superior de Deportes como la Federación Española y la Liga de Fútbol Profesional, debe tener los medios necesarios para sancionar como corresponda al equipo que no se haya atenido a unas reglas deportivas».
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MARTES, 10-08-2010
Cambio radical de táctica
LOS ABOGADOS DE LA SAD BLANQUIAZUL PRETENDEN
AHORA DEMOSTRAR QUE, ENRIQUE ORTIZ, AUNQUE SEA
MÁXIMO ACCIONISTA DEL CLUB NO PINTA NADA POR
NO FORMAR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El PP de Alicante sigue politizando el caso
Manuel Carmona
Los responsables del Hércules CF han cambiado de táctica, según una información facilitada por el periódico “La Verdad”, ya que no sólo le ven las orejas al lobo sino que ya divisan al lobo entero. En vista que el caso que implica presuntamente al equipo alicantino en la compra y amaño de partidos por medio de su máximo accionista, Enrique Ortiz, parece muy claro en vista de lo que se desprende de las grabaciones del caso Brugal, ahora, en vez de negar nada, sus abogados han elegido la táctica de intentar desligar al club de Enrique Ortiz por medio del argumento, insólito pero cierto, de que el promotor inmobiliario, pese a ser el máximo accionista del club, no es consejero de la SAD herculina. Así lo publica el referido rotativo en su edición digital con relación a la noticia de que el club blanquiazul ya ha solicitado en el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante personarse en las diligencias del caso. El citado diario dice en la información ofrecida lo siguiente:
Los servicios jurídicos del club ya esgrimen su defensa un argumento cuanto menos sorprendente: Enrique Ortiz, principal implicado en la causa, es el máximo accionista, pero no figura en el organigrama directivo ni en el Consejo de Administración.
Sin entrar en la veracidad de los hechos que se desprenden de las conversaciones grabadas por la Policía en el marco del 'caso Brugal', la entidad parece tratar así de desvincularse del empresario. Las fuentes del club consultadas ayer rechazaron confirmar si este argumento ya está plasmado en los documentos presentados en el juzgado. Tampoco si a la solicitud de personación como parte interesada en la causa, cuestión pendiente aún de la decisión del magistrado José Luis la Fuente, los abogados han adjuntado escritos de impugnación contra los recursos planteados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La entidad presidida por Valentín Botella pretende evitar que se ponga en duda el ascenso a Primera División conseguido la pasada temporada, sobre todo porque la vía penal fue archivada en su día por el juez porque los hechos no son constitutivos de delito.
De confirmarse el dato, parece más que claro que los abogados del Hércules, tras conocer lo que se recoge en las grabaciones del caso Brugal sobre la presunta compra de partidos por el máximo responsable del club para que el equipo subiera a Primera, han basado la defensa de la SAD herculina en el argumento de que su máximo accionista, por el simple hecho de no figurar en el consejo de administración, no pinta nada en la dirección del club de que posee la mayoría absoluta de las acciones. Lo cierto es que todo parece indicar que, aunque de momento los comportamientos que se recogen en las escuchas de las cintas grabadas deben ser calificados como presuntos, los hechos que se desprenden de las mismas son demasiado evidentes, de ahí que los abogados del Hércules CF SAD crean que es necesario cambiar de táctica.
Resulta también bastante sintomático que los jugadores que se escuchan dialogando con Ortiz en las grabaciones realizadas por la Policía Nacional, según todas las noticias aparecidas en los medios de comunicación, como, por ejemplo Tote y Paz, dejaron de negar su relación con el caso y empezaron a confiar que, como pretendía el magistrado Luis de la Fuente, el caso quedara archivado. Pero, en esta oportunidad, la Justicia no está decidida a dar ni un solo paso atrás, sino todo lo contrario. Una decisión absolutamente lógica, pues la alarma social que creó la decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante crecería aún más de confirmarse que el juez se saliera con la suya. Lo que aún no ha trascendido, y sería bueno que así fuera, es si el referido juez es aficionado al fútbol y si es accionista o socio de algún equipo. Seguro que el dato ayudaría a aclarar muchas cosas si se inclinara en algún sentido que no se puede asegurar, pero que, con toda probabilidad, se piensa.
El PP de Alicante sigue politizando el "caso Hércules"
EL "PEPERO" ANDRÉS LLORENS PIDE A
LOS SOCIALISTAS QUE ELIJAN ENTRE
EL HÉRCULES O JAIME LISSAVETZKY
Siguiendo el ejemplo de su alcaldesa de politizar el "caso Hércules", el PP de Alicante vuelve a manipular su actitud sobre un caso de fraude deportivo. Al respecto, el concejal de Atención Urbana de Alicante, Andrés Llorens (PP), ha pedido a los socialistas que elijan entre apoyar al Hércules CF o al secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky. Pregunta absurda ya que, en un caso como éste, sobre lo que hay que definirse es por la Justicia antes que por otra cuestión, como ayer declaró el édil socialista del Ayuntamiento de la ciudad, Javier Bravo.
EFE 10-08-2010
El edil de Atención Urbana de Alicante, Andrés Llorens, ha instado hoy a los socialistas a que definan su apoyo, bien por "la ciudad y el Hércules", o por el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky".
"Yo, como alicantino y socio del Hércules, estaré el día 20 de agosto en la plaza de la Montañeta -fecha y lugar elegido por las peñas herculanas para manifestarse en defensa de la honorabilidad de su equipo-. Habrá que ver que si los socialistas acudirán o no", ha añadido Llorens.
El edil popular ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, con motivo de la presentación de una serie de medidas contra el vandalismo urbano."Como el PSOE no tiene argumentos y no ha sido capaz de ganarse a los ciudadanos de Alicante en las urnas, actúan así, intentado criminalizar al equipo de Gobierno", ha dicho Llorens, quien ha subrayado la necesidad de "defender el honor del Hércules y de la ciudad de Alicante, algo que está por encima de todo".
En este sentido, ha añadido que "defender el Hércules, es defender Alicante", al tiempo que ha reiterado sus críticas hacia los socialistas por trasladar a la opinión pública un mensaje delictivo en el entorno del Hércules.
En su opinión, el PSOE "intenta hundir a la ciudad y a la afición del Hércules", de ahí que, según ha añadido, "sea necesario decir: basta ya".
Al hilo de estas declaraciones, Llorens ha pedido al PSOE que expliqué cómo ha podido tener acceso a sumarios judiciales que están bajo secreto de sumario, en referencia, según ha apuntado, al supuesto informe relacionado con el caso 'Gürtel' que exhibió el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, Ángel Luna, y a las escuchas telefónicas del denominado caso 'Brugal'. En este sentido, Llorens ha hablado de "violaciones de los derechos fundamentales de las personas", de "escuchas indiscriminadas" y de "detenciones injustificadas".
El Hércules presentó ayer una solicitud en el juzgado número 7 de Alicante con el fin de personarse en la causa derivada del caso Brugal y defenderse de los recursos presentados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que solicitan que se traslade a los organismos deportivos los datos relativos a la presunta compra de partidos por parte del conjunto alicantino.
Fuentes del Hércules han confirmado que han pedido personarse en la causa para defender que las escuchas realizadas a Enrique Ortiz, máximo accionista del club, no se pueden tomar en cuenta para un caso diferente al Brugal, para el que fueron solicitadas.
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LUNES, 9-08-2010
EN ESTE CASO, AUNQUE HAGAN POLÍTICA, LOS
SOCIALISTAS HAGAN POLÍTICA TIENEN RAZÓN
 Como es natural, aunque sólo sea por réditos políticos y electorales, los socialistas alicantinos mantienen lo que cualquier aficionado al fútbol esgrimiría en un caso como el de la supuesta compra y amaño de partidos por parte del máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, para subir a Primera. Al respecto, cabe decir dos cosas: que la maniobra les puede salir cara a los socialistas, pues ya se sabe que en la mayoría de las ocasiones el ciudadano se salta a pídola lo que concierne a la Justicia cuando el resultado suponga un perjuicio, aunque merecido, como en esta oportunidad podría ocurrirles a los seguidores del equipo herculino. Por ello, la creencia de sentirse perjudicados injustamente podría rebelarles y dar al PSOE un voto de castigo en las urnas. Naturalmente, en esta ocasión, los aficionados imparciales estaremos a favor de las tesis socialistas por lo que suscribimos todo lo dicho por Javier Macho, el número dos de la lista del PSOE en las elecciones municipales de la ciudad alicantina. Macho, sin pelos en la lengua, declaró: “Es inadmisible que la Justicia no realice su trabajo y haga caso omiso a unas pruebas irrefutables, aunque, en este caso, el perjudicado sea el Hércules, un equipo querido por los alicantinos". A lo dicho añadió también de manera tajante: "Si el Hércules está en complicaciones es por culpa de ciertos directivos y jugadores, por lo que la Justicia debería golpear duramente a estas personas".
Y Javier Macho precisó sobre los deseos que, a su juicio, sienten los alicantinos que profesan simpatías aunque sólo sea por su condición de club de la ciudad: "Nos gustaría que al Hércules, como institución, no le pasase nada y que la responsabilidad recayera sobre los que hayan cometido esas barbaridades". ¡Ah! y que conste. Como en este diario digital no nos movemos por cuestiones políticas, recomendamos a los afiliados y simpatizantes del PP que acusan a los socialistas de aprovecharse de los trenes baratos que esa es una táctica que siguen todos los partidos políticos sin excepción y que los culpables, en este caso, no son los que utilizan los hechos, mientras que sean verdad, en su propio beneficio, sino los que se dedican a unas actividades en estos momentos presuntas, pero que podrían terminar totalmente esclarecidas de acuerdo con las pruebas contenidas en las grabaciones del “caso Brigal”. Esos, y no otros, son los únicos responsables de que el nombre del Hércules CF y, por ende, el de Alicante esté en boca de todo el mundo por causas del todo punto condenables y nada recomendables.
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DOMINGO, 8-08-2010
Al pan pan y al vivo vino
NO, SEÑORA ALCALDESA, EL HONOR DEL
HÉRCULES NO ES EL HONOR DE ALICANTE
Manuel Carmona
Las personas, autoridades y medios de comunicación más adictos al Hércules CF, en su afán de defender la presunta trama de la compra de partidos que amenaza en estallar contra el equipo alicantino, tiran de todo tipo de argumentos a la hora de justificar lo injustificable. En vista de que le están viendo las orejas al lobo de manera tan clara y evidente siguen para adelante y, por fas o por nefas, eluden evidencias, indicios, pistas, sospechas o cualquier otra clase de circunstancias que puedan facilitar la aclaración del ahora llamado “caso Hércules”. Esa inadmisible actitud haría sonrojarse a cualquiera, porque si en estos momentos existe la posibilidad de comprobar la veracidad de una presunta golfería deportiva que en numerosas ocasiones anteriores no se pudo sancionar por falta de pruebas, ahora, que parece que se está en disposición de demostrarlo, haya quienes no deseen que se llegue a las últimas consecuencias del caso. Naturalmente, esas personas son las que están relacionadas con el club que puede salir perjudicado de todo este embrollo. Las que, en otro tipo de circunstancias, habrían emplazado a la justicia deportiva a que entrara a saco en el asunto.
Como suele ocurrir en España tantas veces, el tema se ha salido de la órbita deportiva y ha entrado en la esfera de la política. Si no, observen la actitud adoptada por Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, que, en unas declaraciones realizadas contra Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, le acusa de utilizar el caso contra el Hércules CF y contra Alicante. Y digo yo: ¿qué tendrá que ver el honor de un club con el de la ciudad donde reside? O séase, ¿que si se prueba que Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules CF, ha cometido las ilegalidades deportivas que parecen desprenderse de la escuchas de las cintas del “caso Brugal”, va a quedar manchado por ello el honor de la ciudad?
Pues, no, doña Sonia, ya que nada tiene que ver una cosa con la otra, salvo que usted utilice ese argumento para defender a personas que, llegado el caso, pueden ser imputadas de haber cometido faltas tipificadas como muy grave en la actual legislación deportiva. Por eso, más le valdría que no se esforzara en querer demostrar lo indemostrable, pues nadie que sea coherente le va a creer desde el mismo momento en que usted adopte su papel de profesional de la política. Lo suyo, doña Sonia, son ganas de mezclar las churras con las merinas como ha hecho al calificar una presunta acción indecorosa con el infumable argumento de mezclar el honor de cierta persona o entidad con el de su ciudad. Que me figuro yo que en Alicante residirán muchas personas a las que no les guste el fútbol y que incluso puedan aborrecerlo, las cuales se resistirán a confundir el honor de la ciudad con el de quien se expone a cometer actos de naturaleza delictiva o fraudulenta.
Se empeña usted, doña Sonia, en convencer a la opinión pública de que su enemigo político, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, y el PSOE, partido al que pertenece Lissavetzky, están utilizando el caso del Hércules para hacer precampaña política. Y digo yo, ¿qué pasa si así fuera si con ello se lograra descubrir y sancionar actuaciones tan poco edificantes como las descritas? En tal caso, el responsable de una situación de ese tipo no sería otro que Enrique Ortiz quien, si cometió los hechos que se desprenden de las grabaciones judiciales del “caso Brugal”, con su actuación provocó la llama que prendió el fuego.
Está visto que donde intervienen los políticos todo se embrolla cuando los hechos no son favorables para sus intereses. Por lo dicho, lo que más me sorprende de doña Sonia es que políticas como ella se empeñe en confundir el manchado honor de una entidad deportiva o de un particular con el de su ciudad. Si no recuerdo mal, eso es lo que suele ocurrir con más frecuencia de lo deseado con los políticos nacionalistas. Y con eso no quiero decir que ella lo sea, Dios nos valga, porque lo que aquí vamos a consignar es un simple y específico ejemplo para apoyar la tesis que estamos desarrollando. A los políticos nacionalistas, cuando se les acusa de cometer hechos no ajustados a derecho, reaccionan diciendo que se está atacando a su Comunidad Autónoma. Pero el sentido común nos dicta que nada tiene que ver una cosa con la otra, ya que ambos son dos conceptos totalmente distintos.
Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, comete el error de confundir
el honor del
Hércules CF con el honor de su ciudad
¿Por qué, si un político nacionalista mete la mano en la caja, por poner un simple ejemplo, y se le critica su actitud sale diciendo en seguida que se está atacando a su Comunidad Autónoma o a su Nación como afirman los más proclives a la independencia? Pues bien, ese es el manido argumento que emplea doña Sonia cuando culpa a los que informan sobre el caso relacionado con el Hércules CF de atacar no a los presuntos implicados en el mismo, sino a la ciudad de Alicante. Asegúrense si es o no verdad lo que manifestamos, leyendo la siguiente respuesta de doña Sonia a la prensa alicantina: “Ya vale. No vamos a permitir el acoso y derribo al que están sometiendo a esta ciudad en los últimos días. No pueden poner en entredicho, con total impunidad, un ascenso que se logró por méritos propios".
Muy curioso, en verdad, señora alcaldesa au argumento. ¿Qué tiene que ver el honor del club alicantino con el de su ciudad y por qué asegura usted que dicho equipo consiguió el ascenso por méritos propios cuando, al parecer, existen pruebas o indicios de todo lo contrario? ¿Es que lo que usted diga tiene que ir a misa y lo que se extraiga de unas grabaciones legalmente realizadas por la Policía tiene menos valor que sus poco afortunadas palabras? De momento, existen sospechas bastante fundadas de que el representante de un club de fútbol de su ciudad, ha cometido presuntos hechos poco recomendables. ¿No sería más conveniente, planteamos a doña Sonia Castedo, que el tema se analizara con las pruebas que existan al respecto y una vez investigados los hechos que presumiblemente se hayan producido la autoridad deportiva dictara la oportuna sentencia? Pero, el cinismo de doña Sonia en este caso, actitud propia de los políticos en asuntos como el que nos ocupa, es por decirlo de alguna forma, ilimitado. Dice doña Sonia, y se queda tan pancha, lo siguiente: “Los dirigentes de esta campaña están acusando al Hércules de un delito no tipificado. ¿Ése es su trabajo? Es obvio que utilizan al Hércules de "chivo expiatorio" con el fin de justificar las nuevas medidas legales que entran en vigor en diciembre".
No, doña Sonia, no confunda usted unos hechos no tipificados como delito en materia judicial con los que en el ámbito deportivo están calificados como infracción muy grave y penados de acuerdo con su importancia. Estamos hablando, señora alcaldesa, de un tema deportivo que ha trascendido no por el deseo del señor Lissavetzky y el PSOE, sino porque en unas grabaciones policiales se escucha hablar de sus turbios manejos a unos presuntos golfos comprando voluntades para amañar resultados deportivos con el exclusivo fin de favorecer ilícitamente al equipo de fútbol al que pertenecen o representan. Y si a usted, doña Sonia, no le interesa que se llegue al fondo de la cuestión de un asunto tan grave porque el tema afecte a un club de su ciudad, lo único que va a conseguir es quedar ante los ojos de los aficionados españoles al fútbol, que son muchos millones, como alguien a la que no le importa que se burle la legalidad vigente por una actitud parcial y partidista.
Hace usted muy mal, señora alcaldesa, que en teoría debería ser la primera en dar ejemplo en una situación como ésta, pronunciar frases como las siguientes: "A veces nos callamos demasiado. Ya es hora de decir "¡Basta ya!". Ya es hora de unirnos todos y utilizar nuestra fuerza para defendernos de esta campaña sin sentido". Pero resulta que cuando usted se manifiesta de esa forma es porque un equipo de su ciudad está relacionado con la situación que nos ocupa. Por tanto, no es extraño que a nosotros nos asalte la sospecha de que en su actitud subyace sólo la pretensión de ganar votos convirtiéndose en adalida (como diría la repipi de doña Bibiana Aído) de una causa que afecta a una entidad de su localidad sobre la que recaen fundadas sospechas de iniciativas fraudulentas. Y lo peor es que de su actitud se deduce que si para ello hay que obviar a la Justicia deportiva, pues se obvia y basta.
Por último, doña Sonia, quiero ejercer mi derecho a la protesta como aficionado a un club de fútbol que, de demostrarse lo que se dice en las grabaciones del caso “Brugal”, se convertirá en el más perjudicados por la presunta actuación ilícita del señor Enrique Ortiz y sus adláteres. Desde esa órbita quiero que sepa, doña Sonia, que como ciudadano me hieren las palabras de los políticos, sean del partido que sean, que se encuentran tan alejados de la realidad y del sentimiento de los ciudadanos. Según el diario “Información” de Alicante, usted dijo a modo de reproche que Jaime Lissavetzky "aparezca" ahora por Alicante para "jugar" con el sueño de sus ciudadanos.
Naturalmente entendemos que, como política, le preocupe mucho de que jueguen con el sueño de los ciudadanos de su ciudad que sean seguidores del Hércules CF. ¿Pero, qué ocurre en este caso con los aficionados del Real Betis a los que, como parece factible, se nos ha arrebatado de forma ilícita el sueño del ascenso a Primera División por las maniobras de una serie de presuntos delincuentes deportivos a los que ahora se quiere apoyar evitando que se investigue la causa descubierta en las grabaciones del caso “Brugal”? Así que, alcaldesa Castedo, o todos moros o todos cristianos. Que más derecho tenemos en este caso los aficionados del Real Betis Balompié a quejarnos de haber sido despojados del sueño que usted asegura que le han arrebatado a los seguidores del Hércules CF si, como se demuestra por las referidas grabaciones, se ha conseguido por medios totalmente ilícitos.
Dejemos, pues, señora alcaldesa de Alicante, que sean las autoridades deportivas españolas quienes sancionen un asunto de esa naturaleza. Que ellas, en definitiva, son las que tienen la última palabra en un tema que tanto ocupa y preocupa a la totalidad de aficionados españoles al fútbol. Y que, de una vez por todas, la Justicia deportiva española, sancione a los golfos que se demuestre que se dedican a amañar partidos de fútbol comprando voluntades por medio de euros. Y eso, doña Sonia, se ponga usted como se ponga, es una falta muy grave pese a que aún no esté tipificada como delito.
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SÁBADO, 7-08-2010
No pasa día que no se produzcan novedades
EL FISCAL DECIDIDO A QUE EL JUEZ ENTREGUE LAS
CINTAS DEL CASO “BRUGAL” AL CSD Y A LA RFEF
Lo malo es que, si tiene que ser la Audiencia Provincial quien resuelva el recurso de la Fiscalía, agosto un mes inhábil en materia judicial
Continúan saliendo declaraciones, como las de Abraham Paz, que restan importancia a los hechos al presuntamente estar incluidos en ellos
Manuel Carmona
No hay vuelta tras en el “caso Hércules”, al que no se le puede desproveer de la gravedad que encierra, pese a que hasta el próximo mes de diciembre los hechos que incurren en los sucedido no estarán tipificados como delito. A ese respecto el Ministerio Fiscal ha vuelto a comunicar al magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, Luis de Valiente, que su negativa de entregar las grabaciones relativas a las presuntas compras y amaños de partidos por el máximo accionista del equipo alicantino, Enrique Ortiz, al Consejo Superior de Deportes y a la Federación Española de Fútbol “puede vulnerar el principio constitucional de colaboración con las Administraciones Públicas”.
En una información publicada en el día de hoy por la edición digital del diario “Las Provincias” se dice que el fiscal jefe de la provincia de Alicante, Juan Carlos López Coig, admite que los hechos no serán constitutivos de delito hasta el próximo mes de diciembre cuando entre en vigor la reforma del Código Penal, pero sí “una infracción muy grave” que genera “una extraordinaria alarma social y constituye un fraude de graves consecuencias sociales y económicas, con posibles perjuicios para terceros, capaz de producir una quiebra en la confianza de la ciudadanía”. De ahí que la Fiscalía haya vuelto a comunicar al juez que revoque su auto anterior y entregue las cintas del caso a los dos organismos nacionales deportivos (CSD y RFEF) que se las han solicitado.
Según la citada información, el fiscal López Coig mantiene que el juez Luis de la Fuente “no es competente para determinar si las intervenciones telefónicas son pruebas válidas en la persecución de la posible infracción. Esa valoración corresponde al «órgano encargado del enjuiciamiento», en este caso el Comité de Competición de la RFEF y el CSD o, en última instancia, a la jurisdicción contencioso-administrativa”. Todo ello sin descartar que las referidas grabaciones no bastan para que los hechos estén probados, de ahí que deban de ser los organismos competentes en el ámbito de su jurisdicción, en este caso la deportiva, la que determinen la probidad de lo averiguado a través de las grabaciones realizadas por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
La Fiscalía advierte al juez que la no entrega de las cintas postura “vulnera los artículos 234 y 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que obligan a los secretarios y funcionarios a facilitar a los interesados “cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas conforme a la Ley”. En esta situación, como el juez ya levantó el secreto del sumario para archivar la causa, según el comentario publicado por el medio periodístico citado, al tratarse de una causa ya archivada, “ni se puede declarar ni mantener ningún tipo de secreto, pues la restricción de la publicidad sólo puede predicarse de los procedimientos en curso, no de los terminados”.
En cuanto al argumento del juez cuando se refiere a que las grabaciones que afectan al Hércules CF fueron de forma casual y los efectos de las mismas al ser utilizadas serían desproporcionados, la Fiscalía entiende que si de las comunicaciones “surgieran hechos nuevos constitutivos de delitos menos graves, tales delitos no quedarían abocados a la impunidad”, pues, aunque la aparición de una infracción administrativa de carácter muy grave» no autoriza al juez a una ampliación de los hechos sí le obliga a “deducir el correspondiente testimonio del hallazgo casual para que se proceda en la vía correspondiente”. Y como ejemplo aduce “la detección de vertidos ilegales o fraudes fiscales gracias a “pinchazos” telefónicos autorizados para investigar delitos graves”.
EN CASO DE RECURSO A LA AUDIENCIA PROVINCIAL, EL MES DE AGOSTO ES INHÁBIL
Por último, se dice en la información de referencia que “el fiscal jefe, por delegación de la Fiscalía Anticorrupción, que es la encargada del “caso Brugal”, solicita al juez De la Fuente que revoque el auto que dictó el pasado 3 de agosto. Si el juez desestima los recursos y confirma su decisión, la Audiencia Provincial tendría la última palabra. Pero la resolución definitiva, con agosto, un mes inhábil, por medio, podría producirse una vez iniciada la Liga. El tiempo corre por tanto a favor del Hércules”, asegura el rotativo en cuestión.
Esto sería así, por supuesto, si la Federación Española de Fútbol no habilita una fórmula para evitar que el club, presuntamente autor de una infracción tan grave, pudiera quedar indemne de comprobarse su autoría fraudulenta por el mero hecho de aprovecharse de una situación como la descrita. Todo antes que permitir que un caso como el que ha saltado a la opinión pública por medio de unas grabaciones autorizadas por la Justicia pueda quedar impune. De ocurrir a nadie se le oculta que la alarma social y la inactividad de la Justicia quedarán en evidencia, pues, para asuntos de esta índole, deben tener previstos unos cauces que no interrumpan ni dificulten las actuaciones de las que en estos momentos todo el fútbol nacional está pendiente. De otra forma, la alarma social no estará justificada sino aumentada con el descrédito que puede acarrear para los órganos que deben velar por la Justicia y los comportamientos sometidos a lo que dispone la legislación deportiva vigente.
Lo que no es admisible que en otros países, como ha sido el caso de Francia, Italia o Portugal, casos de compra y amaño de partidos de fútbol hayan sido sancionados con la dureza que merece este tipo de comportamientos, lo contrario que hasta ahora ha sucedido en España, país donde el fútbol tiene tanta trascendencia y repercusión social en el que aún no se haya castigado ninguno de los casos que se sobreseyeron par falta de pruebas. Pues bien, ahora ha surgido uno que sin buscarlo se pone delante de los organismos deportivos que deben sentenciarlo con unas grabaciones en las que están identificados los presuntos culpables a los que se escucha hablar del grave fraude deportivo con entera libertad. Por lo dicho, la Federación Española de Fútbol y, por encima de ella, el Consejo Superior de Deportes deben de habilitar la fórmula que sea necesaria para evitar que el presente caso, dada su gravedad, no pueda ser estudiado y sentenciado como es de menester, le pese a quien le pese y caiga quien caiga. La Justicia, ante todo.
DECLARACIONES DE ABRAHAM PAZ, OTRO DE LOS ESCUCHADOS EN LAS CINTAS
Todo sea para intentar desviar la atención del asunto y dejar que un caso en apariencia tan grave como el de las presuntas compras y amaños de partidos por parte del máximo accionista del Hércules CF, pase de soslayo sin que se le aplique las disposiciones vigentes si se demostrara, por las pruebas e indicios que existen que se ha incumplido lo dispuesto en los reglamentos pata esta clase de faltas. Ahora, es el señorito Abraham Paz, jugador del Hércules CF, se descuelga con las siguientes declaraciones realizadas en el mismo rotativo a que hemos hecho mención:
 Si el CSD empieza a investigar, acataremos su decisión pero habría que investigar quince años para atrás y ver cómo subieron los equipos de la pasada temporada (2008-09), la de la otra o investigar todos los partidos de la última jornada de la Segunda División de la última temporada, porque a los 30 minutos había muchos equipos ganando tres y cuatro a cero. Eso hay que analizarlo también», advirtió ayer Abraham Paz. Aquí siempre se habla de presunto y es que es así pues nadie ha demostrado nada, ni ahora ni el año pasado, ni el otro. Todo el mundo se entera de todo, pero nadie habla. Este año le ha tocado al Hércules como le pudo tocar al Zaragoza el año pasado, al Betis o al que fuera, por nombrar algún equipo”, manifestó.
Es de pena que se hable tanto y creo que hay que parar los pies. Se ha subido a Primera y hay cosas más importantes en España como para dar tanta publicidad a una cosa que puede o no puede pasar, pero que presuntamente se hace todos los años, incidió Paz.
O sea, que para este futbolista las circunstancias que rodeen al asunto en cuestión y las fuentes de las que procedan la constitución de una presunta infracción considerada como muy grave en el ámbito deportivo, hay que dejarlas de lado porque antes, a juicio de los que ahora declaran, les afecta a ellos. Obsérvese como varían las declaraciones de tales futbolistas con las de otros compañeros que dejaron de estar bajo la disciplina del club herculino. Nótese la diferencia de lo manifestado por Abraham Paz con lo que el ex jugador del Hércules, Sergio Fernández, comentó sobre el tema al mismo periódico: “No tengo nada que decir ni estoy dispuesto a perder un segundo de mi tiempo sobre este asunto que no me afecta para nada. Es un problema serio que lo tienen que aclarar las personas afectadas”.
Así, que lo que debe de hacer la Justicia ordinaria y, con su colaboración, la deportiva es llegar hasta el fondo de un asunto que ha salido, a diferencia de los anteriores, sin que lo haya denunciado ninguna entidad o club afectado por deducciones más o menos lógicas difíciles de probar, sino por unas actuaciones policiales que pueden facilitar, en toda su extensión, la comprobación de la realidad de hechos de esta naturaleza que es obligado sancionar de una vez para que se sanciones con la dureza que dispone la legislación vigente.
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VIERNES, 6-08-2010
ÚLTIMA HORA
LA FISCALÍA RECURRE LA DECISIÓN DEL JUEZ, LUIS
DE LA FUENTE, DE DENEGAR LAS CINTAS DEL "CASO
HÉRCULES" AL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Manuel Carmona
Manuel Carmona Por lo que se está demostrando, la Fiscalía va a por todas en el desarrollo del caso de las presuntas compras de partido por el máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz, que se han podido conocer por medio de las grabaciones que la Policía Judicial realizó para el esclarecimiento del caso Brugal. La medida del magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante de no acceder, como le indicó la Fiscalía, a entregar las cintas al Consejo Superior de Deportes a escandalizado a la opinión pública que no entiende como un representante de la Justicia puede actuar de ese modo. Que los hechos que se recogen en dichas grabaciones hayan aparecido en las grabaciones telefónicas realizadas para investigar otros hechos no reducen en nada la gravedad de las actuaciones que de las mismas se desprenden.
A los aficionados al fútbol que repudien que se realicen trampas en un deporte que en ese aspecto no ha sido investigado debidamente, le importa un bledo, al contrario de lo que ocurre con Su Señoría, que los hechos no estén tipificados como de delito, pero a nadie se le oculta que en el ámbito deportivo ese tipo de actuaciones deben recibir el merecido castigo, a ver si por fin los tramposos y estafadores que en tan gran número pululan por el mundillo futbolístico tienen en cuenta lo que les puede ocurrir cuando sean cogidos con las manos en la masa como en esta oportunidad ha sucedido. Con respecto a la última novedad del "caso Hércules", el recurso presentado por la Fiscalía en la Audiencia Provincial, la agencia de noticias Europa Press ha distribuido la siguiente información:
La Abogacía del Estado, en nombre del Consejo Superior de Deportes (CSD), y la Fiscalía, han presentado este jueves sendos recursos de reforma contra la decisión del magistrado del juzgado de instrucción número 7 de Alicante, --que investiga el conocido como 'caso Brugal', una adjudicación supuestamente irregular de contratos de basuras en la provincia--, de denegar el traslado de las grabaciones al CSD y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre una supuesta compra de partidos de fútbol por parte del Hércules CF.
A través de un auto fechado el pasado 3 de agosto, el juez denegaba la puesta en conocimiento de las autoridades deportivas "supuestas conductas irregulares con ocasión de la disputa de encuentros en competición oficial por un equipo de deporte profesional".
Contra esta decisión han recurrido ambas instancias al considerar, por parte del fiscal, que el poner en conocimiento de las autoridades deportivas la notificación del auto de archivo y la entrega de copias y testimonios solicitados "no afectaría a ningún derecho fundamental", mientras que la Abogacía del Estado alega que es necesaria la investigación por la administración pública para averiguar si existe o no infracción administrativa grave.
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JUEVES, 5-08-2010 / 23'34 horas
La Justicia vuelve a poner nuevamente contra las cuerdas al Hércules CF
LA ACTUACIÓN DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO PERMITE QUE
EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES PUEDA DISPONER DE
LAS CINTAS QUE PERMITIRÁN DECIDIR SI EXISTE INFRACCIÓN
Tote, uno de los involucrados en el caso, se mostró muy tranquilo porque el juez se negó inicialmente a entregar las grabaciones al CSD
Redacción
El caso de la presunta compra de partidos por el máximo accionista del Hércules CF se ha convertido en un auténtico partido de tenis. No pasa un día que la pelota esté en uno u otro campo. Un día a los aficionados herculinos no les llega la camisa al cuerpo y al siguiente respiran satisfechos creyendo que su equipo se ha librado de la hoguera. Al final de este jueves ocurre lo primero: que vuelven a verle las orejas al lobo, tras conocer la noticia de que el abogado del Estado ha intervenido en el caso, una vez que la Fiscalía anticorrupción recurrió la decisión del juez de negar la entrega de las cintas al CSD y a la Federación Española de Fútbol. Tras esta decisión se da por descontado que el Consejo Superior de Deportes podrá disponer de las cintas que el juez le había negado inicialmente. Eso significa que las cintas podrán ser utilizadas para enjuiciar lo ocurrido, con lo que los organismos deportivos podrían sancionas al Hércules por la vía administrativa.
POR NUESTRO BETIS PIDE QUE SE APLACE EL COMIENZO DE LA LIGA
Por otra parte, la agencia EFE ha distribuido un despacho en el que informa que la Asociación de Base Por Nuestro Betis (PNB) en un comunicado hecho público "la suspensión temporal del comienzo y celebración de la próxima temporada de Liga" hasta tanto no se aclare la presunta compra de partidos del Hércules, equipo que ascendió por delante del Betis.
El comunicado pone de manifiesto la "absoluta repulsa a la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, por la que se niega a entregar a las autoridades deportivas competentes las grabaciones realizadas en el ámbito de una investigación judicial en curso de la que pudieran deducirse posibles comportamientos antideportivos".
En una grabación realizada con autorización judicial, se escucha cómo el máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, asegura haber dado "100.000 euros al portero -del Córdoba- que se tiró para el otro lado en el gol", lo que para PNB supone un hecho ilícito que causa "graves perjuicios deportivos y económicos de difícil o imposible reparación al Real Betis Balompié".
"Exigimos, por tanto, al Consejo Superior de Deportes, Organismo dependiente de la Secretaría de Estado para el Deporte, que actúe en consecuencia con el reciente proyecto de modificación del Código Penal propuesto por el Gobierno, que prevé tipificar como delitos aquellas conductas consistentes en sobornos y fraudes producidos o intentados con ocasión de competiciones deportivas", añade PNB.
UNA MANIFESTACIÓN PARA EL DÍA 18
Asimismo, como se puede leer en “La opinión del lector” en este diario digital, aficionados béticos y cadistas están organizando una manifestación de protesta por lo que consideran una actuación inadmisible del magistrado del Juzgado de Instrucción de Alicante, Luis de la Fuente, que quiere que queden sin castigos los gravísimos hechos recogidos en grabaciones de la Policía Judicial, independientemente de que tales grabaciones se abrieran para otro caso. En ese sentido se han dirigido a este diario digital algunos aficionados preguntándose si ese juez será aficionado al fútbol, y si lo es de qué equipo será seguidor.
EL RIDÍCULO HECHO POR TOTE CUANDO EL JUEZ NEGÓ EL ENVÍO DE LAS CINTAS
El jugador del Hércules y ex futbolista bético Tote, al enterarse ayer de la negativa del juez Luis de la Fuente de entregar las cintas del caso “Brugal” relacionadas con el Hércules al Consejo Superior de Deportes, muy tranquilo realizó las siguientes declaraciones: “Por fin se ha hecho justicia", dijo Tote que añadió: "No esperaba otra decisión del juez (se refirió a la negativa del juez). Es que parecía que nos hubieran regalado el ascenso cuando tuvimos que pelearlo desde el principio hasta el final”. Ignoraba el madrileño que hoy jueves se le iba dar la vuelta a la tortilla con la intervención del abogado del Estado. Tranquilo y con la seguridad que no se iba a realizar ninguna investigación por estamentos deportivos, pese a que las conversaciones que se recogen en las cintas se le escucha hablar del presunta amaño de partidos, el ex madridista manifestó: “Por fin dejarán ahora tranquilo al chico del Córdoba (Raúl Navas), que no hizo nada". Veremos a ver cual es la opinión de Tote cuando escuche las cintas y las conversaciones que mantuvo con el máximo accionista del club en el asunto que, nuevamente, vuelve a poner al Hércules CF a los pies de los caballos. Mañana, seguramente, más.
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JUEVES, 5-08-2010 / 12'34 horas
Todo parece indicar que será la Audiencia Provincial de Alicante quién tendrá que resolver como proceder en este caso
LA FISCALÍA PIDE AL JUEZ QUE ENVÍE LAS
GRABACIONES DE LA PRESUNTA COMPRA DE
PARTIDOS POR EL MÁXIMO ACCIONISTA DEL
HÉRCULES CF AL CSD Y A LA FEDERACIÓN
Nuevos y reveladores extractos de las grabaciones publicados por "El País"
Manuel Carmona
Pues, al parecer, el caso de la presunta compra de partidos por el máximo accionista del Hércules CF, el constructor Enrique Ortiz, pudiera seguir adelante. Las últimas noticias que se publicaron sobre este asunto hacían referencia a la negativa del juez a facilitar al Consejo Superior de Deportes la documentación existente sobre el caso, obtenida por medio de las grabaciones que la Policía Judicial realizó para el caso “Brugal”, trama delictiva abierta por asuntos inmobiliarios en territorio alicantina. En un principio, la Fiscalía recomendó al juez que llevaba el caso que, al sobreseer la causa de la presunta compra de los partidos por el máximo accionista del Hércules CF, por entender que tales hechos no son constitutivos de delito (lo que cambiará el próximo año) y que las grabaciones se obtuvieron en la investigación de otros hechos, la Fiscalía recomendó al magistrado del Juzgado número 7 de Alicante que enviara la información relativa a dicho asunto a la Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes (CSD). Pero dado que el magistrado, Luis de la Fuente, no quiso atender la petición que en ese sentido le hizo el CSD, la Fiscalía Anticorrupción, no conforme con dicha actuación, ha insistido al juez en el envío de la referida documentación a la RFEF y el CSD. Al respecto, la edición digital del diario lasprovincias.com, en una información publicada en el día de hoy dice lo que sigue:
La decisión final puede acabar en manos de un tribunal de la Audiencia Provincial en caso de que el juez mantenga su dictamen inicial. La prueba se antoja también crucial en el ámbito de la justicia deportiva. «Si el juez no manda las cintas, no hay nada», señalan fuentes de la RFEF. «Llamaríamos a los implicados a declarar, pero poco más. Si ellos se declaran inocentes, no tenemos medios para demostrar lo contrario», advierten
Así que habrá que seguir esperando a ver qué se resuelve de este caso, aunque si se impusieran las tesis del Ministerio Público y la investigación siguiera adelante, se está perdiendo un tiempo precioso, pues, la Liga española en Segunda División está a menos de un mes de su comienzo y a ver qué ocurría si el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol terminaba sancionando después al Hércules CF por dichos hechos y al que le correspondiera jugar en Primera División fuera al Real Betis en defecto del equipo alicantino. Mientras tanto seguiremos esperando a ver qué nos depara el siguiente capítulo de esta, al parecer, turbia y procelosa historia deportiva.
LAS TRANSCRIPCIONES DE "EL PAÍS"
El diario "El País", ha vuelto a referirse hoy extensamente al caso de la supuestas compras de partidos por parte del máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz. Sobre el polémico y grave asunto el diario madrileño ha publicado diversas conversaciones relativas al caso que fueron grabadas por la Policía Judicial de Alicante con ocasión de la operación "Brugal". He aquí el contenido de la información publicada hoy en el referido rotativo.
El ex bético, ahora en el Hércules, implicada en el
caso hasta las cejas
PRIMAS A TERCEROS PARA GANAR PARTIDOS
Ortiz se dirige a Tote cuando quiere contactar con la plantilla del Girona, equipo contra el que se enfrenta el suyo en la jornada 37. En esta ocasión, hablan por teléfono, y sus conversaciones revelan que varios equipos de la categoría están pagando primas a terceros.
"Estos estaban primados todos", dice Ortiz cuando el Girona iguala con el Hércules
"¡Qué hijos de puta! Bueno, no podemos fallar el próximo tiro", avisa el constructor
Tote: ¿Qué pasa pirata?
Ortiz: Oye ¿dónde andas?
Tote: Estoy en casa.
Ortiz: ¿Bajas en cinco minutos? Yo cuando esté llegando te pego un toque, ¿vale?
Tote: Venga, perfecto.
La conversación se reanuda en otro momento, con el Girona siempre como objetivo y centro de la conversación.
Tote: Oye.
Ortiz: ¿Te ha llamado o no?
Tote: No me ha llamado.
Ortiz: Joder.
Tote: Tranquilo, tú cena bien y duerme tranquilo, que esto se va a hacer y se hace en su momento, te quedan dos días, tranquilo...
Tras empatar con el Girona (1-1), Enrique Ortiz, el máximo accionista del Hércules habla con el capitan de su equipo, Tote, quien le explica que los jugadores del equipo contrario estaban primados por hasta cuatro equipos que aspiraban al ascenso a Primera División.
Tote: ¿Qué pasa?
Ortiz: ¿Qué pasa tío?
Tote: Ya lo ves. Esto es así tío. ¿Has visto lo que tenían los demás?
Ortiz: Hombre, estos estaban primados todos.
Tote: No, no, primados no, escúchame, 300.000 [euros], 25.000 cada uno [de los jugadores], de los cuatro [equipos] de arriba. Eso para que digas que no sueltan pasta. Esto es la guerra monstruo.
Ortiz: ¿Y empatando les pagan?
Tote: La mitad. (...)
Ortiz: ¡Qué hijos de puta! (...) Bueno, no podemos fallar el próximo tiro (...) Allí tienes, allí tienes amigos, ¿no?
Tote: Sí. Lo que pasa es que yo no voy, tengo la tarjeta, este hijo de puta [por el árbitro] me ha sacado una tarjeta hoy. Pero ya lo hablaremos por otro lado.
Ortiz: No, es igual, aunque no vayas, vas.
Tote: Pero puedo encargar, lo puedo a encargar a Abraham [el segundo capitán del equipo], no hay problemas, ya hablamos esta semana.
Ortiz: No, no, no, pero haz cuenta que te vas para allá, tú y yo, los dos. ¿Van en avión, no?
Tote: Sí.
Ortiz: Pues cuenta, no te organices que nos vamos tú y yo para allá.
Tote: Bueno, vamos hablando, tranquilo.
Ortiz: Habla todo lo que tengas que hablar y aprieta, ¿vale?
Tote: Venga.
Durante los días siguientes, el máximo accionista del Hércules convence a Tote para que vaya al próximo desplazamiento aunque no pueda jugar porque está sancionado. De esa manera, según se deduce de las conversaciones que mantiene Ortiz durante aquellos días, Tote puede hablar con jugadores del equipo contrario e intentar convencerles para que se dejen ganar a cambio de una prima.
INTENTOS DE COMPRA AL CÓRDOBA Y AL SALAMANCA
Conversan Enrique Ortiz, accionista mayoritario del Hércules, y un familiar sobre el intento fallido de pago de primas en el partido Hércules-Salamanca, y sobre la presunta compra del jugador Raúl Navas, portero del Córdoba, al que se habrían pagado, supuestamente, 100.000 euros para el decisivo partido de la jornada 36, que el conjunto alicantino venció por 4-0.
Allegado: ¿Tú crees que van a decir que no?, dicen que se dejan, luego si ganan, ganan, y si pierden dirán que se han dejado [...] Puede que diga, oye, que queremos tanto, ¡no!, no queremos, vamos a jugar a ganar...¿tú crees que van a ser tan burros?
Ortiz: Ellos saben [...]
Allegado: [...] ¿El qué saben?
Ortiz: Los futbolistas no son tontos, saben si se dejan o no...el otro partido, es que no se notó que el portero se había dejado...hostia, todo el mundo dice: macho, si no te conociese, lo rata que eres, pensaría que habíais comprado al portero.
Allegado: ¿El portero del otro equipo? ¿de qué equipo estás hablando, ese partido?
Ortiz: Del anterior, del último que ganamos aquí... le di 100.000 euros [por Navas]... en el primer gol de Tote se tira para el lado contrario... es que fue la hostia macho... ¿Tú lo viste?
Allegado: Pero no sabía que habías pagado al portero, ¿el 4-0?
Ortiz: El 4-0... 100.000 euros le había dado al portero.
Allegado: Ahora me entero de eso, qué decepción... madre mía, qué decepción.
Ortiz: (Ininteligible) Salamanca, le ofrecimos 150.000 euros, no quisieron... y les metimos también cuatro.
Allegado: Qué decepción tío...
Ortiz: Primero le íbamos a dar 300.000 al equipo... el equipo dijo que no se vendía, que le hacían falta los puntos, y que no se vendía... entonces cogimos al portero [por, presuntamente, el guardameta del Córdoba]... y le dimos 100.000.
Allegado: Te toca los huevos, 4-0, no le canta al equipo (...) [por los compañeros del portero] Cabrón, tú es que te has quedado...` no saben.
Ortiz. ¿No saben?
Allegado: Circunstancia de mala racha... pero hostia, 4-0, para que no vea... ninguna duda, que se había dejado ante ti, dirá: Así Enrique sabrá que no hay ninguna duda, 4-0, no me han metido 24 porque no han llegado más, si no me dejo todos...
Ortiz: Nada...
INTENTO DE COMPRA AL RECREATIVO DE HUELVA
Según se acercan las jornadas clave para el ascenso a Primera División, Enrique Ortiz, imputado por cohecho, fraude y tráfico de influencias por el caso Brugal, se siente vigilado. Las conversaciones con sus colaboradores -en este caso su presunto intento de comprar al Recreativo de Huelva, en la jornada 38- se vuelven crípticas.
Colaborador: He estado con el amigo.
Ortiz: ¿Con el amigo deportista? [Por, supuestamente, Tote]
Colaborador: Exactamente.
Ortiz: ¿Y está la cosa bien o qué? [...]
Colaborador: Escúchame es que si se arregla ahora está todo claro ya, eh...
Ortiz: Vale, venga y qué, ¿cómo se llama?
Colaborador: La Ducati 350 [por, presuntamante, la cantidad de 350.000 euros]
Ortiz: Vale, dile que sí.
Colaborador: Más lo otro.
Ortiz: ¿Cómo que más?
Colaborador: Sí.
Ortiz: ¿Estamos locos o qué?
Colaborador: No, no, no, escúchame una cosa. Escúchame que yo llevo dos horas hablando, eh...tiene que ser así, o sí, o sí... y tenemos ya el tema arreglado.
Ortiz: Pero aparte, ¿aparte de lo que tiene?
Colaborador: Sí, lo que tiene en casa porque las potencias exteriores son muy gordas.
En otra ocasión, Ortiz habla con un allegado.
Allegado: Dígame usted, porque me llevas un lío de mucho cuidado [...]
Ortiz: Escúchame, tú olvídate de lo tuyo, lo que tiene que hacer con la prima es lo que yo le he dicho a Luis, y lo que pasa es que tengo que confirmarlo con Valentín y demás [...]
Allegado: Sí, pero los 200 libros [por, supuestamente, 200.000 euros] [...] Los 200 libros que tengo en casa, que no los tengo que echar...
Ortiz: No, no.
Allegado: ¿Me olvido de eso?
Ortiz: Olvídate [...] Tienes que tener preparado 300.000, porque esos no son míos [...].
Allegado: Pero escúchame una cosa.
Ortiz: 300.000 euros.
Allegado: Es que yo no tengo...[...] Escúchame Enrique, y que, esos 200.000 a mí no me los han dado.
Ortiz: Ya lo sé [...] Dios mío, ya lo sé. No son míos, no te los van a dar. Vale, ya lo tengo claro, prepara los 300.000, que yo hablaré con Valentín. [...] Para ver si se le dan 300.000, 100.000 o 20.000. No tiene nada que ver, que el banco los tenga preparados.
Allegado: [...] Vale, que yo ya ahora he dado orden para que se preparen, 200, los 300.000.
ENRIQUE ORTIZ - TOTE
"Tengo la conciencia muy tranquila", explicó días atrás Tote. "Que demuestren si eso es así [los amaños]. Y si lo hacen, que nos castiguen, pero no lo van a hacer porque no hay nada".
"Crak soy Tote, prepara el dinero para estos", dice el punta en un sms a Ortiz
"Tengo la conciencia muy tranquila porque no hay nada", explicó días atrás el delantero
Tote fue, presuntamente, el intermediario entre Enrique Ortiz y los equipos a los que quería contactar para, supuestamente, ofrecerles primas y amaños. El sumario transcribe, sin entrar en cuestiones ortográficas, varias conversaciones telefónicas y mensajes de móvil entre Ortiz y Tote. Cuando el constructor quiere contactar con la plantilla del Córdoba, su rival en la jornada 36, el jugador le escribe un sms: "Crack soy tote, prepara el dinero para estos, tenemos que dárselo el domingo, 25000 mas 150000, un abrazo".
Desde el móvil de Ortiz se contesta al del capitán del Hércules con otro mensaje: "Vale crak. soy sonia,ja,ja. ten cuidado que los mensajes quedan registrados y mas los de tu jefe".
El jugador contesta: "Bueno...El dinero es para la fiesta del ascenso...Estas invitada claro...Joder que sufriento tu jefe me retira guapa, un beso grande". El intercambio de pareceres, sin embargo, no acaba ahí. El futbolista vuelve a ponerse en contacto con el presidente a través de un sms: "Crack tengo que tener todo para el domingo, se lo lleva el después del partido, la cantidad pequeña y la grande, es importante enrique, un abrazo".
El móvil del constructor también recibe un mensaje del futbolista Abraham Paz, segundo capitán. "Hola soy A. Paz, pasate mañana por el entreno por favor que Tote y yo tenemos que hablar contigo. Un abrazo".
Finalmente, el máximo accionista del Hércules ofrece, presuntamente, una prima de 20.000 euros a los jugadores del Nastic por ganar en sus enfrentamientos a los rivales directos del equipo alicantino en la lucha por el ascenso a la máxima categoría. Primer mensaje: "Enrique soy tote, pagar mañana todo el dinero a los del nastic que nos van a joder todo y luego ya veras, están llamándome, hazlo ya que nos metemos en problemas, un abrazo".
Además, el delantero también sirve como enlace entre la plantilla del Hércules y su máximo accionista. Tote, según las grabaciones, también negocia las primas con las que el club premiaría cada victoria en el tramo final de la temporada.
Ortiz, por ejemplo, recibe un mensaje de Tote en el que este le dice: "Crack dales algo a estos para que se coman el campo, los otros no quieren porque tienen 300.000 por ganarnos, les han dado todos, lo que tu me digas y yo les llamo ahora a los chicos". El argumento de Tote es sencillo: según las conversaciones y mensajes recogidos en el sumario judicial, el ariete sugiere a su presidente que, una vez que los contrarios rechazaban las supuestas ofertas de amaño, se aprovechara el dinero reunido para gratificar a la propia plantilla alicantina.
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MIÉRCOLES, 4-08-2010
EL JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO
“BRUGAL” NO HA AUTORIZADO A ENTRAGAR
LAS CINTAS DE LAS GRABACIONES AL CSD
El magistrado considera excesivo que se persiga una falta administrativa a través de “pinchazos” telefónicos
Manuel Carmona
Yo nos extrañaba que el asunto de la presunta compra de partidos por el Hércules que se ha podido conocer gracias a las escuchas telefónicas grabadas por la Policía en la investigación del caso “Brugal” fuera a llegar a ningún sitio. Aquí, en esta España de nuestras culpas y de nuestros pecados, casos como éste nunca han logrado llegar a buen puerto pese a las muchas evidencias de las que se han dispuesto. Cuando no es por fas es por nefas. Lo cierto es que el barco siempre naufraga antes de llegar a puerto. En esta oportunidad en la que los máximos dirigentes del Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol habían manifestado estar dispuestos a entrar en el caso a topa pastilla es el juez, quien con unos argumentos frenan la clarísima investigación. Por supuesto, a Su Señoría, su decisión le parecerá todo lo ajustado a Derecho que se quiera, pero, por el contrario al simple aficionado al fútbol que repudia todas las golferías de esa índole que se han cometido en España les parece más que ajustado a Derecho “ajustado a Torcido”. Y no lo decimos por la actitud del juez, sino por la suerte que tienen los que toman el camino equivocado en la vida al encontrase con una Ley tan garantista como la española. En suma, que nuestro gozo en un pozo y a esperar a ver qué ocurre a partir del año próximo en que esta clase de hechos estarán tipificados como delito. Pese a que el juez no haya accedido a facilitar las grabaciones del caso, la Federación Española y el Consejo Superior de Deportes tienen la facultad de actuar de oficio. Pero, y aquí está la intención que les preocupa de castigar hechos que son gravísimos en el ámbito deportivo, dirán supuestamente que no para no sentar un precedente cuando algo así es lo que hace falta: que quedara sentado de una vez: un precedente que hiciera desistir a los que decidan cometer infracciones de ese tipo que, qué casualidad, siempre se van de rositas del asunto. Sobre este caso la edición digital del diario “Las Provincias” ha publicado la siguiente información:
Con el Hércules noqueado y contra las cuerdas, cuando las voces del Betis y otros equipos comenzaban a retumbar crispadas por los pasillos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), un juez le ha dado un respiro al club alicantino. Citando un buen puñado de sentencias del Tribunal Supremo, con el sustento que proporciona el andamiaje de la Constitución, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, José Luis la Fuente, ha dejado a la entidad presidida por Valentín Botella más asentada en la plaza de Primera División que conquistó después de catorce años de travesía por el desierto. El juez ha resuelto no dar cuenta a las autoridades deportivas de la presunta compra de partidos que ha destapado el 'caso Brugal', como reclamaba la Fiscalía, según fuentes próximas al caso.
En un auto notificado ayer, La Fuente argumenta que la legislación criminal no ampara la restricción de derechos fundamentales como la intimidad y el secreto de las comunicaciones para perseguir infracciones administrativas. En su opinión, las intervenciones telefónicas, que implican esa intromisión en la esfera privada de los ciudadanos, únicamente pueden realizarse para esclarecer la comisión de delitos graves. Y en este caso, ni siquiera hay delito. La corrupción en el mundo del deporte no será delito en España hasta finales de este mismo año, cuando entre en vigor la reforma del Código Penal.
Las escuchas realizadas por la Policía en el marco de la 'Operación Brugal', que persigue una trama de corrupción político-empresarial en la provincia ligada al negocio de las basuras, revelaron que Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules, habría pagado 100.000 euros al portero del Córdoba Raúl Navas por dejarse perder el partido que enfrentó a su equipo con el Hércules en el estadio Rico Pérez el pasado 10 de mayo. Presuntamente, el empresario intentó hacer lo mismo con el resto de jugadores del club andaluz y las plantillas del Salamanca, el Recreativo de Huelva y el Girona.
El fiscal anticorrupción de la provincia, Felipe Briones, dio el visto bueno al archivo de este asunto en la vía penal, pero pidió al juez que informara a la RFEF y al Consejo Superior de Deportes (CSD) de las actuaciones porque los hechos podían vulnerar la Ley del Deporte, afectaba a las quinielas y perjudicaba a otros equipos y sus aficiones.
En su auto, que puede ser recurrido ante él mismo en el plazo de tres días, el magistrado admite que los hechos, «de ser ciertos, suponen una infracción muy grave». Pero matiza a continuación que no puede satisfacer la petición del Ministerio Público porque debe primar la protección de los derechos constitucionales.
Cita varias sentencias del Tribunal Supremo que tratan del denominado «hallazgo casual»: la revelación durante una intervención telefónica o un registro domiciliario de hechos punibles o irregulares distintos a los que motivaron la autorización de esas diligencias por parte de un juez. En esas situaciones, los agentes deben dar cuenta al magistrado de la novedad para que éste les autorice iniciar unas nuevas pesquisas encaminadas a la averiguación del nuevo delito. Según ese criterio, no es posible utilizar las grabaciones a Ortiz como prueba para castigar una infracción administrativa, pues de no existir la investigación del 'caso Brugal' no se habría tenido conocimiento alguno de la misma.
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MARTES, 3-08-2010
La bola de nieve originada por el caso "Brugal" sigue creciendo
EL DIARIO "EL PAÍS" HA PUBLICADO HOY DIVERSOS
EXTRACTOS DE LAS GRABACIONES DEL CASO "BRUGAL"
Betis y Cádiz se han movilizado para exigir sus derechos y en Córdoba guardan silencio
Manuel Carmona
El tema de la presunta compra de partidos por parte del Hércules CF para ascender a Primera División, se ha ido engordando como una bola de nieve. La importancia del hecho, independientemente de lo que anteriormente haya ocurrido en casos como éste, es ahora más contundente, pues las pruebas han salido de una investigación judicial sobre un asunto de corrupción, denominado caso “Brugal”, de otra índole al margen de la futbolística. Cierto que en España, este tipo de sucedidos no están penados por la Justicia, de ahí que el juez haya archivado el caso, lo que no ocurrirá el próximo año que estarán tipificados como delito.
Ahora bien, si en materia jurídica una denuncia de este tipo es sobreseída por los jueces, no sucede igual en la esfera federativa, por lo que sí tendría efectos federativos. De ahí que el Consejo Superior de Deportes ha solicitado al Juzgado de Orihuela que lleva el caso “Brugal” la documentación relativa a la actuación del máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, que será de inmediato remitida a la Federación Española de fútbol, cuyo Comité de Competición deberá dictar sentencia sobre el caso.
Cierto es que en España, a diferencia de Francia, Italia y Portugal, aún no existen precedentes de que ningún club haya sido sancionado por una actuación fraudulenta de estas características. Pero el presente es un caso que al proceder de una instrucción judicial cambia por completo su desarrollo. Así, en las grabaciones del caso “Brugal”, en el que está siendo investigado el máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz, se escuchan conversaciones sobre las presuntas compras y amaños de partidos por el dirigente herculino, que no parecen dejar lugar a la duda. Por ejemplo, hoy, en el diario “El País”, se desvela parte del contenido del sumario en el que la evidencia de las fraudulentas operaciones son más que significativas. De momento, como ya se hizo público, el pasado jueves el Real Betis remitió sendos escritos al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Federación Española de Fútbol (RFEF) pidiendo que se abriera una investigación sobre el caso. Al considerarse perjudicado por los hechos que se han hecho públicos tras conocerse la instrucción del caso “Brugal”, el gabinete jurídico del club ha entrado en movimiento.
Ángel María Villar, presidente de la Federación Española,
promete
una rápida actuación
Lo mismo ha hecho el Cádiz que, igualmente se siente perjudicado por esos hechos y desea seguir militando en Segunda División. En el caso del Cádiz su acusación va dirigida hacia el partido Hércules-Córdoba en el que desprende de las grabaciones del caso “Brugal” que el guardameta cordobesista, Raúl Navas se prestó presuntamente a la maniobra. Sin embargo, en la ciudad del Arcángel, no parecen estar muy preocupados por lo que ocurre, pues que su plantilla cobrara 300.000 euros por dejarse perder no está confirmado en las grabaciones policiales.
Después, según se recoge en las transcripciones realizadas por el diario “El País”, los rectores béticos contactaron con los presidentes de la Federación Española, Ángel María Villar, y de la Liga de Fútbol Profesional, José Luis Astiazarán, para hacerles llegar su malestar sobre el perjuicio que lo ocurrido originó al club. Al respecto, según dicho diario, el presidente de RFEF, Ángel María Villar, ha informado a los rectores verdiblancos que el estamento que preside está esperando que el CSD les transmita las diligencias judiciales en las que se recoge que el máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, admite haber intentado comprar hasta cuatro partidos para encarrilar el ascenso de su equipo.
LA OPINIÓN DEL BÉTICO JUANMA
En lo que respecta al Real Betis, que permaneció en Segunda igualado a puntos con el conjunto herculano por el mejor “goal average” de aquél, no cabe duda que resultó perjudicado por los hechos que en las grabaciones del caso “Brugal” se conocen. En estos momentos se está a la espera de que el CSD reciba las cintas del Juzgado de Orihuela, al cual ya las ha solicitado, y las remita a la Federación, con lo que existirá material más que suficiente para que el Comité de Competición, presidido por Alfredo Flórez, aplique el artículo 75 del Código Disciplinario del órgano federativo en su punto 1, apartado b. Este artículo sanciona toda conducta dirigida a la predeterminación de resultados con la deducción de seis puntos a los equipos implicados y la anulación del encuentro jugado entre ellos.
Al bético Juanma le parece que en España deberían de
hacer algo para frenar estos temas (Foto: Juan
Rodríguez González)
Al respecto de esta información, el malagueño Juanma, preguntado sobre la impresión que le producía lo ocurrido, respondió a la radio oficial del club: “Hay que ser cautos al hablar de ese tema, porque nosotros tenemos que intentar aislarnos. Pero si al final se demuestra que hay alguna irregularidad, si hay que tomar cartas en el asunto bienvenido sea. Pero muchos años se ha hablado de este tipo de cuestiones y no ha pasado nada. Por eso, hasta que no ocurra algo, en España no se van a cerrar estos temas. Nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro trabajo y pensar de que existe una posibilidad, aunque no sabemos que es lo que pasará”.
De momento, Juanma reconoce que el equipo lo que debe de hacer es pensar en el Granada, que es el rival que en estos momentos tiene asignado para inaugurar la Liga. No obstante, retomando el tema anterior, Juanma, al ser preguntado que también jugaba en contra del asunto del Hércules el poco tiempo existente, señaló: “Repito que nosotros tenemos que mantenernos al margen, pero si al final se demuestra que ha habido alguna irregularidad o alguna sospecha en un partido, este es el momento de acabar con esos temas. No sé si es parecido o no, pero en Italia ha pasado algo parecido y a equipos importantes lo bajaron a Segunda. Pero, ya te digo, nosotros tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, lo que tenga que ser será y si al final tenemos que jugar contra el Granada, pues, lo que hay que hacer es salir con la mentalidad de subir al Betis a Primera Dimisión que es nuestro objetivo”.
EXTRACTO DE LAS GRABACIONES DEL CASO BRUGAL REALIZADAS POR “EL PAÍS”
El caso es muy grave y en cualquier otro país, tomando como base los precedentes de Francia, Portugal e Italia (en el país transalpino no le tembló la mano a las autoridades competentes para mandar a Segunda División a la Juventus) con lo escuchado en las grabaciones sobre lo sucedido habría material de sobra para sancionar al club alicantino. Pero, ya se sabe lo que ha ocurrido siempre En España en casos de este tipo; que los papeles se han quedado archivados en el cajón de un sombrío despacho federativo y si te vi no me acuerdo. Aunque algunos de los datos que recoge el diario “El País” ya vieron la luz una vez que la instrucción del caso fue liberada del secreto del sumario, el citado rotativo ha publicado diversas partes que se recogen en el mismo.
El constructor alicantino Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules, confiesa en una conversación telefónica con un allegado familiar que ofreció y pagó 100.000 euros a un portero (el del Córdoba, Raúl Navas, según se desprende del diálogo) para conseguir que su equipo ganara y pudiera llegar a la Primera División. Esta grabación telefónica, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, está incluida en el sumario del caso Brugal, una investigación judicial iniciada en mayo de 2007 sobre una supuesta trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante. Las escuchas desvelan que Ortiz dirigió cuatro presuntos intentos de compra de partidos con el Salamanca, Córdoba, Girona y Recreativo para garantizarse el ascenso, que logró como tercer clasificado, tras la Real Sociedad (primera, con 74 puntos) y empatado a 71 puntos con el Levante (segundo) y el Betis (cuarto, que se quedó en Segunda).
"Al Salamanca le ofrecimos 150.000 euros. No quisieron y les metimos cuatro"
En esta conversación, referente al partido que enfrentó al Hércules con el Córdoba el 10 de mayo y en el que club alicantino se impuso por 4-0, el allegado familiar pregunta a Ortiz: "El portero del otro equipo? ¿De qué equipo estás hablando? ¿Ese partido?". Y el constructor contesta: "Del anterior, del último que ganamos aquí. Le di 100.000 euros... En el primer gol de Tote se tira para el lado contrario... Es que fue la hostia, macho... El cuatro a cero... 100.000 euros le había dado al portero". En otro momento de la conversación telefónica, el contratista confiesa sin reparos: "Al Salamanca le ofrecimos 150.000 euros. No quisieron y les metimos también cuatro".
Según estas grabaciones, Ortiz habría ofrecido inicialmente 300.000 euros al Córdoba, pero la plantilla de este equipo rechazó la oferta. Sin embargo, el dueño del Hércules dio presuntamente 100.000 euros al portero, Raúl Navas. El meta del cuadro andaluz negó la semana pasada que le hubieran ofrecido algo o que se hubiese vendido. Ayer este periódico intentó sin éxito conocer la versión del máximo accionista del Hércules.
Ortiz está imputado en el sumario general del caso Brugal, aún bajo secreto sumarial, por los delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. No obstante, las diligencias que afectan a la supuesta compra de partidos han sido archivadas por el juez "porque los hechos no son constitutivos de delito". El fiscal anticorrupción de Alicante insta al juez a que traslade los hechos al Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, José Luis de la Fuente, declinó ayer hacer declaraciones sobre este asunto. Fuentes del juzgado alicantino indicaron que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana informará cuando se produzcan "novedades sustanciales".
El Hércules necesitaba a toda costa llegar a Primera para lograr reimpulsar la precaria economía del club, que arrastra una deuda con Hacienda y la Seguridad Social de 15 millones. Ortiz controla el Hércules desde finales de los años 90 a través de la mercantil Aligestión, firma que recompró el estadio Rico Pérez al Ayuntamiento por 7,2 millones de euros. El contrato incluía que Ortiz tenía que invertir 4,2 millones en una reforma de los vestuarios. Las obras de reforma de los elementos más obsoletos ya han comenzado.
Además, el nombre de la empresa Enrique Ortiz e Hijos apareció en el auto del TSJ de Madrid dentro de la investigación del caso Gürtel entre las firmas que supuestamente habrían financiado ilegalmente al PP valenciano. Según estas diligencias, Ortiz habría aportado a este partido unos 100.000 euros.
LO QUE SUCEDE EN CÓRDOBA
Mientras tanto, en Córdoba, los rectores del club verdiblanco han tomado posición junto al guardameta Raúl Navas, aunque actuando con bastante discreción para no aumentar la polvareda que se ha levantado desde que fue levantado el secreto del sumario del sonado caso “Brugal”, que incluso ha saltado a las páginas de distintos periódicos extranjeros. La espinosa situación la relata hoy en su edición digital el diario eldiadecordoba.es de la siguiente forma:
Betis, Valladolid e incluso el Cádiz claman por un levantamiento del secreto sumarial que permitiera al Consejo Superior de Deportes investigar las cintas en las que, presuntamente, se charla sobre el amaño. El juez José Luis Lafuente, archivó el pasado martes la causa penal que había incoado días después de que se la remitiera el instructor al constatar que la compra de partidos no será delito en España hasta finales de año, cuando entre en vigor el nuevo Código Penal.
Sin embargo, Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado para el Deporte, contó el domingo que cuando tenga las diligencias judiciales se las hará llegar "en cinco minutos" a la Federación Española de Fútbol, para que ésta actúe mediante los órganos jurisdiccionales, los comités de Competición, Apelación y Disciplina Deportiva.
En esas aguas se mueve el Córdoba, que comprueba con pesar cómo se reproduce una pesadilla similar a la de hace dos años en cuanto al actor principal (el Hércules) pero que, a diferencia de lo vivido entonces, no afectaría ni pondría en riesgo en absoluto a la entidad en lo deportivo. Un extremo que confirmó ayer el director general del club, Carlos Hita, diciendo con contundencia que "sería, en cualquier caso, un problema estrictamente del jugador".
Raúl Navas, pese a lo que se escucha en las cintas del caso
"Brugal",
lo ha negado todo (Foto: cordobadeporte.com)
Lucas Alcaraz solicitó al respecto en una entrevista para www.cordobadeporte.com que "la respuesta pública tiene que ser del interesado institucionalmente, porque nosotros somos trabajadores del Córdoba CF". Pero José Miguel Salinas, presidente de la entidad, considera que es redundante manifestar nada toda vez que "el paso ya lo han dado la fiscalía y el juez sobreseyendo el asunto. Respecto a Raúl (Navas), estamos en la indefensión más absoluta, porque la información viene únicamente de un periódico de Alicante".
"Es que no han encontrado tipo delictivo", recalca el dirigente, quien enfatiza que "Lissavetzky ha tenido que pedir los papeles y no le han llegado todavía". Salinas cataloga como "muy grave" que se haya filtrado toda este información porque "el procedimiento está reglado y si no es delito se sobresee y si tiene interés para otros ámbitos, se le da traslado a la federación correspondiente". Pero que haya llegado hasta un periodista es "para que se le caiga la cara la vergüenza a más de uno".
A tal respecto, "Raúl (Navas) quería, y estamos trabajando con él en ese sentido, formalizar la querella, pero no sabemos contra quién. Esta misma mañana hemos hablado y él está francamente indignado". De hecho, recalca Salinas que "era una conversación entre dos directivos del Hércules para un caso diferente". En suma, un caso "lamentable desde el punto de vista jurídico" que, aunque no afecte al Córdoba ni desde el punto de vista de riesgo reputacional -es decir, a nivel de imagen de club- sí que genera "una inquietud" para la plantilla.
Carlos Hita, director general de la entidad, también considera que es mejor no pronunciarse "porque no queremos hacer juicios paralelos", al menos "hasta que no se diga que hay una investigación abierta desde los estamentos federativos".
Eso sí, Hita se mostró sin ambages del lado del portero gaditano: "La verdad es que todos los veranos estamos con los mismos temas. A los medios de comunicación también les viene bien y es lógico que se le dé bombo", pero "es triste que haya quien "tire la piedra y esconda la mano".
Los tentáculos de este gigantesco pulpo, muy distinto a “Paul” el que acertó que España se proclamaría campeona del Mundo, siguen extendiéndose. El caso ha tomado acomodo en la prensa nacional y en alguna que otra extranjera y en la presente ocasión, dada las evidencias existentes, los movimientos de las autoridades deportivas se van a mirar con lupa. Cierto que queda poco tiempo para actuar, pero si los estamentos oficiales se empeñan el caso puede ser juzgado y sentenciado a tiempo para que, en lo que concierne al Real Betis, quede dilucidado a tiempo para que el equipo verdiblanco pudiera jugar la próxima temporada en Primera División.
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SÁBADO, 31-07-2010
El abogado del Estado intervendrá a petición del Consejo Superior de Deportes
EL CASO DE LA PRESUNTA COMPRA DE PARTIDOS DEL
HÉRCULES PARA SUBIR A PRIMERA DIVISIÓN SE
COMPLICA CADA VEZ MÁS PARA EL CLUB ALICANTINO
Redacción
El asunto de la presunta compra de partidos por el Hércules para subir a Primera División, parece ser que el Consejo Superior de Deportes se lo ha tomado muy en serio y están surgiendo noticias muy significadas en este sentido. Al respecto, nuestro compañero Alejandro Delmás ha publicado en el diario “AS” una interesante información sobre tan gravísimo atentado contra la legalidad futbolística en la que se comprueba que el tema no se ha quedado quieto por lo que es lógico suponer que ha de dar mucho ruido todavía. La información publicada por “AS” dice como sigue:
El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha entrado en contacto con Joaquín Fuentes, abogado del Estado, para que la abogacía estatal recabe "la información oportuna y con la máxima diligencia" sobre los atestados judiciales que podrían detectar el presunto soborno del Hércules a Raúl Navas, portero del Córdoba. Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, confirmó estos extremos a AS, en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El CSD recibió en la mañana de ayer una carta del Betis, firmada por José León Gómez como presidente del club verdiblanco, en la que se demandaba la intervención del CSD y las instancias federativas en este procedimiento judicial. El Betis quedó cuarto, empatado a puntos con los ascendidos Hércules y Levante en la edición 2009-10 de la Liga Adelante, Segunda División. Un eventual castigo al Hércules beneficiaría directamente al Betis de cara a un presunto retorno a Primera.
Jaime LJaime Lissavetzky, secretario de Estado
para el Deporte,
ha declarado que el abogado
del Estado ha sido
convenientemente instruido
"Hasta ahora no hemos tenido notificación de nada, sólo lo leído en prensa. Por eso hemos instado al abogado del Estado. Cuando tengamos las diligencias judiciales se las haremos llegar, a la mayor brevedad, en cinco minutos, a la Federación Española de Fútbol, para que ésta actúe mediante los órganos jurisdiccionales, los Comités de Competición, Apelación y Disciplina Deportiva. Hay una tipificación y este caso puede afectar a varios equipos: el Hércules y el Betis, por supuesto, y también el Cádiz, que descendió a Segunda B. No caben demoras: la competición empieza en menos de un mes", reflexionó Lissavetzky.
La decisión de la UEFA contraria a la inscripción del Mallorca en la Europa League también fue analizada por Lissavetzky. "La UEFA es un organismo privado que tiene una jurisdicción propia, tiene sus normas y tiene libertad de decisión. Hubo una carta a Platini de Francesc Antich, presidente autonómico de Baleares, pero nosotros no podemos hacer más. Al Mallorca le queda recurrir al Tribunal de Arbitraje (TAS), que actúa con bastante rapidez. Aquí también se requiere la máxima diligencia y rapidez. En mi opinión, el Villarreal ha actuado con respeto y no ha dicho 'esta boca es mía' sobre la situación del Mallorca", comentó Lissavetzky.
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VIERNES, 30-07-2010
LA APERTURA DEL SUMARIO HA PERMITIDO
CONOCER QUE EL MÁXIMO ACCIONISTA DEL
HÉRCULES PRETENDIÓ COMPRAR 5 PARIDOS
Redacción
Pese a que el magistrado titular del Juzgado número 7 de Alicante decidió archivar la causa que relaciona al Hércules y a su máximo accionista, el inversor inmobiliario, Enrique Ortiz, con la presunta trama de compra de partidos por el club blanquiazul para subir a Primera División. Tras dicha disposición del magistrado, la Fiscalía le indicó que pasara el asunto a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes. Tras el sobreseimiento del caso, se ha abierto el sumario por lo que han trascendido a la opinión pública otra serie de datos que agravan la cuestión.
Según el auto para lograr ese objetivo, el club alicantino trató de amañar al menos cinco partidos de Liga en la temporada recién finiquitada. Su máximo accionista, el promotor Enrique Ortiz –implicado en la red Gürtel e imputado en el caso Brugal, una trama de corrupción vinculada al PP de Alicante y a su líder, José Joaquín Ripoll–, negoció presuntamente con el Córdoba, Recreativo de Huelva, Girona, Real Unión de Irún y Salamanca para el Hércules les gana a todos los partidos en los que había que enfrentarse; o sea, que les ofreció dinero para dejarse perder. Dos de esos equipos, así lo cuenta el diario digital El Confidencial, aceptaron la oferta de Enrique Ortiz.
Las escuchas telefónicas ordenadas por un juez de Orihuela (Alicante) para investigar la supuesta adjudicación irregular de una planta de reciclaje de basuras a una de las empresas de Ortiz, han sacado a la luz el supuesto intento de compra por parte del Hércules de cinco partidos en el tramo final del campeonato de Liga de Segunda División, que concluyó el pasado mes de junio con el ascenso a Primera de la Real Sociedad, el Levante y el Hércules. El conjunto alicantino logró su objetivo en el último encuentro, tras vencer a domicilio por 0-2 al Real Unión de Irún e igualado a puntos con el Real Betis al que superó en el “goal average” particular. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante –tras inhibirse el de Orihuela– que informe de las supuestas irregularidades a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Consejo Superior de Deportes.
Navas, portero del Córdoba al que se presenta como
presunto
comprado por el Hércules, lo que el jugador ha negado
Las grabaciones, según fuentes judiciales consultadas por El Confidencial, recogen varias conversaciones en las que Ortiz y dos directivos del Hércules, José León y José Candel, aluden al supuesto intento de compra de cuatro partidos. Uno de ellos, el disputado con el Córdoba el pasado 10 de mayo, se saldó con una contundente victoria alicantina por 4-0, después de que los directivos herculanos ofreciesen al conjunto andaluz una prima de 300.000 euros por perder, según consta en el sumario. Ante la negativa de la plantilla, Ortiz negoció entonces con el portero del Córdoba, Raúl Navas, que habría aceptado 100.000 euros a cambio de facilitar el triunfo del Hércules.
El quinto partido
El sumario judicial del caso Brugal no recoge, sin embargo, las negociaciones llevadas a cabo personalmente por Ortiz para amañar el resultado de un quinto partido de Liga, según han asegurado a El Confidencial fuentes muy cercanas a la RFEF. El máximo accionista del club alicantino ofreció en este caso a otro club de Segunda División –que las fuentes consultadas prefieren no revelar– una cantidad en metálico muy superior a la que rechazó el Córdoba si se dejaba ganar y a la supuestamente cobrada por el guardameta del equipo andaluz. Una vez cerrado el trato, el encuentro concluyó, según lo pactado, con la victoria del Hércules.
Pero no todos los intentos de Ortiz por amañar partidos fructificaron, según puede constatarse el sumario. En varias ocasiones, el máximo accionista del Hércules se encontró con la negativa de los clubes contactados por que éstos le respondieron que ya habían sido primados por otros aspirantes al ascenso para que ganaran al club alicantino. Ese fue el caso del Girona que, según las fuentes de la RFEF consultadas– recibió una suculenta oferta del Betis por vencer al Hércules, que llegó tarde para primar al Girona, aunque en ambos hechos existía una notable diferencia: que la prima del Real Betis era por ganar y la del Hércules CF porque se dejara perder.
La reforma del Código Penal, que entrará en vigor el próximo mes de diciembre, tipifica como delito el fraude deportivo. En tal caso, para hechos de esta naturaleza dispone penas de entre seis meses y cuatro años de prisión, además de inhabilitación y multa, por "predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición deportiva". Pero, hasta ese momento, la compra de partidos, como las que se dice que cometió Enrique Ortiz, que sepa cuando menos en cinco ocasiones, quedará judicialmente impune. Otro caso distinto sería si la Federación Española de Fútbol aceptara como ciertos los hechos recogidos en el sumario “Brugal”, que podría suponer el descenso de categoría, amén de otras sanciones ajuntas.
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MIÉRCOLES, 28-07-2010
ARCHIVADA LA DENUNCIA PUESTA CONTRA EL
HÉRCULES POR LA PRESUNTA COMPRAR DE SU
PARTIDO CON EL CÓROBA POR 300.00 EUROS
Manuel Carmona
No podía pasar de otra forma porque en España estos casos no han prosperado nunca. Aquí los comportamientos ilegales y antideportivos en el ámbito futbolístico nunca han sido sancionados, aunque mejor sería decir que ni investigados por muchos indicios que existieran sobre su realidad. Estamos hablando del caso de la denuncia judicial contra el Hércules sobre el amaño de un partido, presuntamente comprado, en beneficio propio para ascender a Primera División. En esta oportunidad el caso ha durado menos que el de la burbuja de una gaseosa. El Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante ha dado portazo a la denuncia, según el juez por falta de pruebas, aunque existan unas escuchas telefónicas que evidencien lo contrario. Nada de extraño en casos como el que nos ocupa, porque es lo que realmente se esperaba. El archivo de la causa fue hecho público ayer por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, según informa el diario Información.com de la ciudad alicantina, tras su apertura "para investigar presuntas irregularidades del Hércules". Una de ellas es la presunta compra del partido que jugó el pasado 10 de mayo ante el Córdoba, en el que los herculanos ganaron 4-0. Las escuchas telefónicas del caso Brugal han desvelado que supuestamente se pagaron 300.000 euros para que el Córdoba se dejara ganar. Además, se detectaron otros intentos de compra que al parecer no llegaron a fructificar.
La causa archivada es una derivada de las diligencias previas 851/07, que remitió a Alicante el juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela tras las detenciones del máximo accionista del Hércules y del presidente de la Diputación por presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. El archivo acordado por el juez puede ser recurrido por la Fiscalía, aunque el Ministerio Público no lo ha hecho porque entiende que no hay delito. Sin embargo, la Fiscalía sí ha solicitado al juez del caso que se informe de las presuntas irregularidades a la Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes por entender que se ha podido cometer una infracción administrativa.
Enrique Ortiz máximo accionista
del Hércules pasa del tema
Pero en la conciencia de los aficionados españoles al fútbol (en esta órbita España no es Francia ni Italia, por desgracia) y cuando se producen situaciones de este tipo se prefiere mirar para otro lado y a otra cosa mariposa. Para cualquiera que ha asistido a tantas denuncias recogidas en los medios de comunicación cada final de temporada, el asunto era de los considerados banales. Por ello, no mostramos la más mínima atención a algo que es muy parecido a una sesión de fuegos artificiales; que hace mucho ruido, que refleja sobre el cielo una serie de arabescos, pero que se termina pronto y el recuerdo acaba coincidiendo con el fin de los truenos y los fuegos de artificio. De nada serviría, por tanto, que el juez trasladara la información del asunto a la RFEF o al CSD, como ha apuntado la fiscal del caso, ya que, como ha ocurrido tantas y tantas veces, al asunto no se le prestaría atención de ninguna clase. Por supuesto, el máximo accionista del Hércules, el constructor Enrique Ortiz, ha pasado olímpicamente del tema una vez que la denuncia ha sido archivada por el juez.
Y digo yo, ¿para qué quiere la Fiscalía del caso que el juez proceda informar a dichos estamentos deportivos si ha sobreseído el caso y ese es el mejor argumento que pueden tener dichas instituciones deportivas para no prestar la más mínima atención a la cosa? Y más ahora que Ángel María Villar y Lizabesky no tienen tiempo de pensar en otra cosa que la selección española es campeona del Mundo, por un lado, y además que Contador ha ganado el Tour de Francia, por el otro. La respuesta, es obvio, se la daría hecha el juez sobreseidor si le enviara la información que apunta el fiscal: “El juez ha sobreseído el caso por falta de pruebas”, responderían ambos estamentos. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.
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